Paro de médicos y odontólogos de PAMI por aumento de tarifas

Médicos de cabecera y odontólogos que forman parte del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) iniciarán un paro nacional de 96 horas, que se llevará a cabo desde el 13 hasta el 16 de octubre, en respuesta a la crítica situación económica que enfrentan. La Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), organizadora de la medida, argumenta que la caída en los ingresos reales de los profesionales ha llegado a un 50% desde abril, lo cual ha motivado esta protesta a nivel nacional.

Uno de los puntos más álgidos del conflicto es la discrepancia entre la remuneración que recibe cada profesional por la atención de afiliados y los costos operativos actuales. Los médicos de cabecera perciben actualmente $2.700 mensuales por cada paciente, una cifra que piden que sea aumentada a $4.500. Por su parte, los odontólogos reciben $374 por paciente, solicitando que este monto se eleve entre $1.500 y $3.000 para cubrir gastos básicos de salud y materiales.

La falta de ajustes en estos montos, para adaptarse a la inflación y los crecientes costos de insumos, ha gestado un desesperante deterioro en las condiciones laborales de estos profesionales de la salud. Como resultado, la medida de paro afectará los turnos programados, las consultas de rutina, derivaciones a especialistas y la gestión de recetas habituales durante los cuatro días de huelga.

PAMI ha comunicado que se mantendrán solo los servicios de guardia mínima y la atención de recetas médicas consideradas urgentes. Por lo tanto, se aconseja a los afiliados que consulten con sus médicos de cabecera u odontólogos sobre la validez de sus turnos durante este periodo, para evitar inconvenientes y traslados innecesarios.

Esta situación genera incertidumbre entre los beneficiarios del PAMI que tenían consultas programadas entre el 13 y el 16 de octubre, momento en el que deberán evaluar si sus atención será reprogramada. Además, se resalta la urgencia de que se produzca un acuerdo que contemple una revisión y actualización de las tarifas que perciben los profesionales por los servicios prestados, a fin de garantizar una atención de calidad a los afiliados.

La protesta refleja una crisis que repercute en el sector salud y subraya la necesidad de una revisión por parte de las autoridades competentes sobre las bases de remuneración vigentes para los profesionales que atienden a una de las poblaciones más vulnerables del país.