Paro en el transporte interprovincial por ataques en Lima
Las empresas de transporte interprovincial en Lima han amenazado con paralizar sus operaciones tras una serie de ataques armados que pusieron en riesgo a conductores y pasajeros. Los incidentes han aumentado últimamente, llevando al sector a considerar una huelga si las autoridades no responden de manera efectiva.

Las empresas de transporte interprovincial en el norte de Lima han manifestado su preocupación ante la creciente ola de ataques armados que han sufrido sus unidades. En la última semana y media, se han reportado al menos seis ataques, lo que ha llevado al gremio a advertir sobre la posibilidad de un paro si no se toman medidas adecuadas por parte del gobierno. El sector ya ha visto agresiones directas que exponen la vida de conductores y pasajeros, lo que genera un clima de incertidumbre en la industria del transporte.
Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), destacó que grupos delictivos han extorsionado a varias empresas del rubro, incluso amenazando a sus propietarios a través de mensajes de WhatsApp. Ojeda afirmó que estas amenazas afectan a un 80% del sector interprovincial, lo cual refleja la magnitud del problema y la vulnerabilidad de los servicios de transporte. Según sus declaraciones, los ataques se concentran en puntos críticos de la Panamericana Norte, donde los asaltantes a menudo llegan en motocicleta e intentan disparar a los vehículos en movimiento.
Ante la intensificación de la violencia, Ojeda ha hecho un llamado a las autoridades para que se coordinen y actúen de manera efectiva. Aunque ha reconocido acciones recientes de la policía, como la captura de algunos atacantes, el gremio considera que es insuficiente y que es necesario desarticular las organizaciones criminales responsables detrás de estos ataques. La falta de seguridad ha llevado a los transportistas a considerar que sus vidas y las de los usuarios están en juego, por lo que no descartan el cese total de sus operaciones si la situación no mejora.
Ojeda también resaltó la necesidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial colaboren con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en los traslados de los buses. Se han reclamado medidas específicas de prevención y protección que permitan un ambiente más seguro para el transporte interprovincial. La situación ha sido descrita por Ojeda como "tierra de nadie", indicando un nivel alarmante de inseguridad en las rutas.
Las consecuencias de una posible paralización del transporte interprovincial podrían ser severas, dado que estas empresas representan una parte significativa de la oferta de servicios en la región. El impacto económico se sentiría no solo en el sector del transporte, sino también en la movilidad de miles de pasajeros que dependen de estos servicios para sus viajes entre regiones. Este conflicto pone de relieve la necesidad urgente de mejorar la seguridad y la respuesta estatal ante la creciente amenaza de la criminalidad organizada en el área.