ADCDiario

Conflicto en puertos: Prefectura exige regreso inmediato de 536 trabajadores

Un conflicto en los puertos argentinos se ha intensificado tras la intimación de la Prefectura Naval a 536 trabajadores de pilotaje y practicaje para que regresen a sus labores. Los empleados están en huelga indefinida desde la reciente desregulación de sus actividades, lo que afecta el movimiento de embarcaciones y genera preocupación por el comercio exterior.

4 min de lectura
Compartir
Conflicto en puertos: Prefectura exige regreso inmediato de 536 trabajadores

La Prefectura Naval Argentina ha tomado medidas drásticas en medio de un paro indefinido que afecta la operativa portuaria, intimando formalmente a 536 trabajadores de practicaje y pilotaje a retomar sus tareas de inmediato. Esta huelga ha paralizado el movimiento de más de 100 embarcaciones, lo que implica un freno significativo a importantes operaciones de comercio exterior, incluyendo la transportación de granos y productos energéticos.

La situación se originó tras la promulgación del Decreto 690/2026 por parte del Gobierno de Javier Milei, una normativa que ha desregulado el sector del practicaje y pilotaje. Este decreto, promovido por la Secretaría de Desregulación y Transformación del Estado, modifica un marco regulatorio que estaba vigente desde 1991, introduciendo cambios que permiten a las empresas elegir libremente a sus prestadores de servicios sin las restricciones previas.

Los principales cambios incluyen la creación de un registro público de profesionales, la eliminación de limitaciones para el ingreso a estas actividades y la flexibilización de los criterios para el reemplazo y traslado de los prácticos. La nueva normativa genera inquietud entre los trabajadores, quienes ven amenazada su estabilidad y las condiciones de su labor. En respuesta, decidieron llevar a cabo la huelga, lo que ha elevado la tensión en el ámbito portuario.

La Prefectura, encargada de la supervisión de la actividad, ha advertido que la continuación del paro podría acarrear sanciones administrativas y acciones penales, incluyendo penas de hasta ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias del caso. Esto ha llevado a un aumento de la preocupación entre los trabajadores, quienes se sienten acorralados ante esta advertencia legal.

El parón deja como resultado una advertencia sobre su impacto en el comercio exterior argentino, ya que la paralización de las operaciones afecta directamente el flujo de mercaderías vitales. La situación evidencia la necesidad de un diálogo entre las autoridades y los trabajadores para encontrar una resolución que contemple tanto la normativa reciente como los derechos laborales de los empleados.

En la medida en que el conflicto se desarrolla, las próximas acciones de la Prefectura y la respuesta de los trabajadores serán determinantes para definir el futuro de la actividad en los puertos, que es clave para la economía argentina, especialmente en el contexto de exportaciones.

El panorama sigue siendo incierto mientras ambas partes se preparan para negociar, en un contexto donde la operatividad de los puertos se vuelve cada vez más crítica para la economía nacional.

Compartir

Más noticias