Paro universitario por falta de acuerdo paritario y la marcha federal del 15 de octubre

Docentes de universidades nacionales de Argentina han iniciado un paro de 72 horas a causa de las negociaciones paritarias que aún no logran un acuerdo satisfactorio con el Gobierno. Esta decisión ha sido tomada por la Asociación de Docentes Universitarios, que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, una norma aprobada hace casi un año, pero que no ha sido implementada.

Verónica Botto, representante de la ADU, denunció que ya han pasado más de 340 días desde que la ley debería estar en vigencia, resaltando la frustración generada por el aparente desprecio del Gobierno hacia una legislación aprobada por el Congreso. Adicionalmente, mencionó que las acciones judiciales del Gobierno, que incluyen intentos de apelaciones y cautelares, impiden la correcta aplicación de la ley, afectando tanto a los salarios de docentes como a las becas estudiantiles.

Como parte de su estrategia de protesta, los docentes están organizando diversas actividades en las sedes universitarias. En Trelew, por ejemplo, se llevó a cabo una clase pública, mientras que en otras localidades se realizan iniciativas similares, todas en el marco de este paro. Botto explicó que este paro es el último de una serie de movilizaciones, cuyo objetivo es visibilizar las demandas que aún no han sido atendidas por el Gobierno.

Además de las acciones inmediatas, los docentes preparan su participación en la quinta marcha federal programada para el 15 de octubre. Aún no se ha definido un horario concreto para la movilización, pero se espera que una reunión entre las diferentes delegaciones universitarias establezca los detalles pertinentes. Esta marcha se presenta como una oportunidad para elevar nuevamente sus reclamos a nivel nacional.

Botto también criticó la reciente oferta del Gobierno de un aumento del 3% sin la consulta correspondiente. La representante expresó que este incremento se queda muy por debajo de lo que se necesita, sumando que el presupuesto destinado para el próximo año implica nuevos recortes, dificultando aún más la situación de las universidades.

El panorama resulta complejo para la comunidad académica, ya que los fallos judiciales reconocen las razones de las universidades, pero la falta de acción por parte del Gobierno continúa siendo un obstáculo para la materialización de los derechos de docentes y estudiantes. La expectativa ahora se centra en la respuesta del Gobierno a estos reclamos en las semanas venideras, coincidiendo con la movilización nacional y la presión que estas acciones podrían ejercer de forma conjunta.