Permisos para el uso de drones en áreas protegidas se agilizarán en Argentina
El Gobierno argentino anunció una nueva medida que permitirá obtener permisos más ágiles para el uso de drones en áreas protegidas, facilitando investigaciones científicas y respuestas ante emergencias.
La gestión de permisos para el uso de drones en áreas protegidas de Argentina se simplificará, según lo anunciado por el Gobierno. Esta medida tiene como objetivo facilitar las investigaciones científicas y mejorar la atención ante emergencias en parques nacionales y otras reservas naturales.
Las autoridades explicaron que el nuevo procedimiento estará destinado a investigadores, estudiantes y responsables de situaciones de emergencia, quienes podrán acceder a permisos de manera más expedita. Este cambio busca promover el conocimiento y la conservación del patrimonio natural del país, al facilitar la recopilación de datos aéreos mediante tecnología no invasiva.
El uso de drones en la Patagonia es particular, considerando la vasta extensión de sus áreas naturales y la diversidad de ecosistemas presentes. Regiones como el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Provincial Río Azul – Lago Escondido, son solo algunos de los lugares donde estas aeronaves pueden ser de gran utilidad para monitorear fauna y flora, realizar estudios de cambio climático y evaluar la salud de los ecosistemas.
Con la implementación de este sistema más ágil, se prevé un aumento en la cantidad de proyectos de investigación que se podrán realizar en estas zonas. Esto representa una oportunidad para universidades e instituciones científicas, potenciando la colaboración entre el ámbito académico y el cuidadoambiental.
Además, en situaciones de emergencia como incendios forestales o desastres naturales, el uso de drones facilitaría el relevamiento de información en tiempo real, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente. Esto es crucial en la Patagonia, donde las condiciones climáticas y geográficas pueden dificultar el acceso a ciertas áreas en crisis.
Las autoridades esperan que la nueva regulación no solo contribuya a la ciencia y la conservación, sino que también impulse el desarrollo de empresas tecnológicas locales que operan en este campo. La integración de esta tecnología en la gestión ambiental puede resultar beneficiosa para la economía regional, atrayendo inversiones en investigación y tecnología.