Perú elimina bombillas incandescentes y fluorescentes para 2028

El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) ha presentado un proyecto que propone la prohibición de la comercialización de bombillas incandescentes y fluorescentes convencionales para el año 2028. Esta iniciativa busca promover fuentes de iluminación más eficientes a la vez que alinea al país con estándares internacionales en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

A partir del año 2022, el 88,5% de las lámparas en Perú eran consideradas ineficientes, predominando las tecnologías incandescentes y fluorescentes compactas. Por ello, el MINEM estima que su eliminación progresiva podría generar un ahorro energético de hasta 68.500 GWh hasta 2050, además de un impacto positivo en la salud pública al reducir la exposición al mercurio que contienen algunas de estas lámparas. Este cambio se enmarca en un contexto más amplio de la búsqueda de sostenibilidad ambiental que también se observa en otros países de la región, donde se promueven energías renovables y la eficiencia energética.

El reglamento establece un cronograma de implementación dividido en dos fases. En la primera fase, que comenzará 12 meses después de la publicación del decreto, las bombillas incandescentes deberán cumplir con un mínimo de 40 lúmenes por vatio (lm/W) y las fluorescentes, 70 lm/W. En la segunda fase, a partir de los 24 meses, los estándares se incrementarán a 70 lm/W para las incandescentes y 85 lm/W para las fluorescentes. Se espera que solo las lámparas LED, que son más eficientes, puedan cumplir con estos requisitos.

Esto generará una drástica reducción en la oferta de luces tradicionales en el mercado, obligando a los fabricantes e importadores a adaptarse a estos nuevos estándares. Aunque están permitidas algunas excepciones para usos específicos como aplicaciones médicas o en investigación, la norma busca eliminar prácticamente la venta de bombillas ineficientes en el ámbito doméstico y comercial.

El proyecto también subraya la importancia de la fiscalización, que estará a cargo del Ministerio de la Producción, así como la necesidad de utilizar organismos acreditados para certificar el cumplimiento de las nuevas normativas. Esto refuerza un compromiso gubernamental por impulsar una transición hacia un modelo energético más responsable y menos contaminante.

La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia en América Latina para adoptar políticas energéticas más sostenibles, alineándose con el objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciando el uso de tecnologías limpias. Esta transición plantea un nuevo desafío para la industria y el consumo energético en Perú, dado el contexto regional donde la polémica sobre el abastecimiento energético y la sostenibilidad es cada vez más relevante.