Piden responsabilidad penal a Gennuso por malversación en programa Techo Digno
El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, enfrenta nuevos cargos por el manejo indebido de fondos del programa Techo Digno. La Fiscalía solicita su declaración de responsabilidad penal por malversación. La defensa, por su parte, rechaza las acusaciones y solicita mantener la absolución.
La causa judicial relacionada con el programa Techo Digno avanzó recientemente, tras el pedido de la Fiscalía de que se declare responsable penalmente al exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, por malversación de caudales públicos. Esta solicitud se dio en una audiencia del Tribunal de Impugnación, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de confirmar una absolución previa por peculado. La nueva figura legal contempla el uso inapropiado de $105 millones enviados por el Estado nacional con el objetivo de construir viviendas.
Según la Fiscalía, estos fondos, que estaban depositados en una cuenta del Banco Nación, fueron retirados y colocados en dos plazos fijos en el Banco Credicoop, lo que contravendría el destino específico que tenían. La acusación afirma que, debido a este manejo, podría haberse generado un daño o un obstáculo en la efectividad de las obras de construcción de viviendas, que eran el propósito original de los fondos. El fiscal Martín Lozada argumentó que no se requiere un nuevo juicio ni pruebas adicionales, sino una revisión de la conducta ya discutida bajo el nuevo encuadre legal.
La defensa de Gennuso, a cargo del abogado Manuel Maza, respondió contundentemente a las imputaciones, insistiendo en que se debe mantener la absolución inicial. Maza argumentó que el establecimiento de plazos fijos tenía como objetivo salvaguardar el valor monetario de los fondos, y que no se comprobó que esto haya ocasionado daño alguno al servicio de construcción de viviendas. Además, cuestionó la posición del exintendente en el manejo de esos fondos, sugiriendo que no tenía control directo sobre ellos.
Asimismo, la defensa planteó que la acción penal debería considerarse prescripta. La Fiscalía, en cambio, planteó que el plazo de prescripción debía ser revisado a la luz de ciertos actos procesales que podrían interrumpirlo, además de considerar la interrupción activa de la acción penal debido a la función de Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
La decisión sobre la responsabilidad penal de Gennuso debe ser resuelta por el Tribunal de Impugnación en un plazo legal determinado. Al finalizar la audiencia, no se llegó a una nueva decisión, dejando en suspenso la situación del exfuncionario en relación con las acusaciones por malversación de fondos públicos.