Polémica en la Justicia por nombramiento de la hija del juez investigador

La reciente decisión del juez Jorge Gamal Abdel Chamía de nombrar interinamente a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, hija del magistrado encargado de investigar su caso, ha causado un gran revuelo en la Justicia federal de La Rioja. Este nombramiento, efectuado el 15 de octubre de 2026, se enmarca en una acusación pendiente de resolución contra Chamía por acoso sexual y violencia laboral, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso judicial.

La denuncia fue presentada por María Emilia Galván, oficial judicial del mismo tribunal, quien alega haber sido víctima de una serie de abusos por parte de Chamía durante el año 2023. Galván sostiene que el juez hizo comentarios inapropiados en diversas ocasiones y que desaprobaba sus propuestas laborales, generando un ambiente hostil en su lugar de trabajo. Dicho caso fue derivado a La Rioja luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente, y actualmente se encuentra bajo la supervisión del juzgado de Herrera Piedrabuena, aunque la causa permanece estancada.

El nombramiento de Herrera Piedrabuena como jefa de Despacho, un cargo que implica una remuneración mínima de 5 millones de pesos, ha sido defendido por Chamía y su colega Mario Eduardo Martínez en función de sus credenciales académicas y experiencia previa. Sin embargo, el tercer miembro del tribunal, José Quiroga Uriburu, expresa su desacuerdo, alegando que el reglamento estipula que se debe priorizar a quienes no han recibido sanciones en el último año. Galván, la designada inicialmente para el puesto, había acumulado sanciones por inasistencia, lo que complicó su ascenso.

La situación se torna más complejo debido a que la causa en la que se investiga a Chamía sigue sin avance, con el fiscal Rafael Vehils Ruiz todavía sin decidir si será investigado o si la denuncia será desestimada. A pesar de que se anticipó que el juez se apartaría del caso si se iniciaba una investigación, las acciones hasta el momento no han llevado a resolución alguna.

La defensa de Chamía considera que se trata de un intento de difamación, refiriéndose a las acusaciones como una "falsa denuncia" diseñada para justificar las inasistencias de la denunciante. El conflicto ha llevado a uno de los implicados, Nicolás Rolando Alvares, quien propuso anular el nombramiento de Herrera Piedrabuena, argumentando que se vulneran sus derechos en el contexto de la carrera administrativa dentro del tribunal.

Este episodio subraya las tensiones existentes en la Justicia argentina, donde las acusaciones de acoso y las decisiones de nombramientos pueden interrelacionarse de manera delicada, afectando no solo a los involucrados, sino también la percepción pública sobre la integridad del sistema judicial.