Policía de Chubut culpable de abuso sexual en comisaría

Carlos Gustavo Perrota, un funcionario policial de 50 años de Chubut, fue declarado culpable de abuso sexual simple en un contexto de violencia de género. El caso, que ha avanzado hacia su etapa final, se encuentra en la fase de alegatos donde se está definiendo la pena que debe cumplir el acusado. Se espera que el juez Alejandro Rosales emita la sentencia el 16 de septiembre, donde se resolverá la sanción correspondiente.

La fiscalía, representada por Luciana Coppini, ha solicitado una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Durante la audiencia, se presentaron varios agravantes que hacen más severo el caso, entre ellos, el hecho de que el abuso ocurrió dentro de una comisaría, un lugar destinado a la protección de las personas. Este contexto incrementó la humillación de la víctima, que sufrió el abuso frente a otros compañeros de trabajo.

La fiscalía argumentó que el comportamiento de Perrota no puede ser desestimado como una ''broma pesada'', como pretendió defenderse su abogado. Asimismo, se consideró que, dada su posición como funcionario policial, debía estar al tanto de las normas vigentes sobre cuestiones de género, algo que parece no haber respetado en este caso.

Otro factor importante mencionado fue la presión que Perrota ejerció sobre la víctima para que desistiera de presentar la denuncia. La defensa, por su parte, solicitó que se aplicara el mínimo legal del delito, lo que contrasta con los alegatos de la fiscalía que enfatizan la gravedad del caso.

La única consideración a favor de Perrota, de acuerdo a la fiscalía, es que no posee antecedentes penales. En caso de que la pena sea de ejecución condicional, se ha solicitado que el policía cumpla con ciertas reglas de conducta durante tres años, lo que incluye la prohibición de toda comunicación con la víctima.

A partir del 16 de septiembre, se conocerán los detalles de la sentencia, que no solo determinarán la pena de Perrota, sino que también sentarán un precedente en la lucha contra la violencia de género en el ámbito policial en la región. Este tipo de casos es crucial para abordar la cultura institucional y garantizar la protección a las víctimas de abuso dentro de las fuerzas de seguridad.