Policía de Río Negro imputado por agredir a un vecino en un juzgado

Un policía de la provincia de Río Negro enfrentó cargos tras ser acusado de agredir a un vecino en el interior del Juzgado de Paz de Lamarque. El incidente tuvo lugar el 3 de junio y ha sido calificado como lesiones leves agravadas por abuso de funciones, llevando a la imputación formal durante una audiencia reciente.

La fiscal del caso, Analía Álvarez, relató que el afectado se encontraba en el juzgado para cumplir con una presentación judicial en el marco de un proceso anterior. Durante su estancia, dos policías ingresaron a la oficina y le informaron que debía ser trasladado a una comisaría para entregar una notificación. En ese momento, sin razón aparente o provocación por parte del vecino, uno de los efectivos le propinó un golpe que le causó una lesión en la boca y, como consecuencia, la pérdida de un diente.

La acusación formal fue presentada el miércoles, a partir de la cual se estableció una investigación. El defensor del acusado, Manuel Quelin, no se opuso a la formulación de cargos, reconociendo que se habían cumplido los requisitos legales necesarios.

Como medida cautelar durante el proceso, la Fiscalía solicitó que el policía en cuestión fije un domicilio y mantenga esa información al día para asegurar su notificación en el transcurso de la causa. La jueza de garantías, Lorena Belén Chávez, aceptó esta solicitud y habilitó la etapa penal preparatoria, estableciendo un plazo de cuatro meses para su desarrollo. Esta decisión implica que la investigación se extenderá hasta el 2 de marzo de 2027, teniendo en cuenta las ferias judiciales que interrumpen los trámites.

Este suceso resalta la relevancia del control y la conducta de las fuerzas policiales en la provincia, en un contexto donde la violencia institucional y los abusos de poder son temas recurrentes de debate en la sociedad argentina. Aunque todavía resta un proceso judicial para esclarecer los hechos, la situación podría tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la actuación policial y la confianza en las instituciones.

Las comunidades de la región miran con atención el desarrollo de este caso, ya que puede sentar precedentes sobre el trato a los ciudadanos y la responsabilidad de los funcionarios de seguridad en el cumplimiento de su deber.