Preocupación en Río Negro por fallo que relaja límites a la extranjerización de tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que reestablece el decreto DNU 70/23, el cual anula los límites a la extranjerización de tierras rurales establecidos anteriormente por la Ley 26.737. Este cambio normativo genera inquietud en la provincia de Río Negro, donde legisladores locales, como le legislador Leandro García, expresan su preocupación por las consecuencias que podría tener esta decisión en diversas zonas del territorio, donde ya hay un alto porcentaje de tierras en manos extranjeras.

La Ley de Tierras Rurales, derogada por el reciente fallo, imponía un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones adicionales en zonas sensibles como las ribereñas de grandes cuerpos de agua. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente el 1,8% de la superficie rural en Río Negro, que equivale a aproximadamente 317.496 hectáreas, pertenece a propietarios extranjeros. Sin embargo, el promedio provincial oculta disparidades significativas dependiendo del departamento, con Bariloche alcanzando el 13,61% y Pilcaniyeu el 10,48%.

García subraya que esta situación no puede tomarse a la ligera, dado que Río Negro posee vastas áreas con recursos naturales estratégicos y zonas con producción agrícola y turística que son vitales para el desarrollo regional. Resaltó que la discusión sobre la propiedad de la tierra es, en esencia, una cuestión de soberanía y control sobre los recursos del territorio.

El legislador cuestiona la lógica detrás de la derogación de la ley, argumentando que expone a la provincia a una dinámica en la que la tierra se convierte en un simple objeto comercial. Según García, la tierra en Río Negro no solo representa una mercancía, sino también un elemento de producción, identidad y futuro para sus habitantes. Este cambio normativo también podría tener efectos negativos sobre pobladores rurales que aún enfrentan procesos de regularización dominial, quienes deben sortear complicados trámites para obtener la seguridad jurídica sobre sus tierras, mientras que capitales extranjeros podrían acceder a propiedades sin las limitaciones que la legislación anterior imponía.

Sin embargo, el legislador aclara que su oposición no se basa en el origen de las inversiones, sino en cómo se estructura el acceso a la tierra y el marco legal que protege a los habitantes locales. Este contexto sugiere la necesidad urgente de un debate más exhaustivo sobre el uso y propiedad de la tierra en Río Negro, en un momento en que los desafíos sociales, económicos y ambientales son cada vez más evidentes y requieren atención.

A medida que se discuten las implicaciones de este fallo, se espera que los legisladores de la provincia intensifiquen las conversaciones para establecer nuevas políticas que protejan los recursos de Río Negro y aseguren que el acceso a la tierra sea justo y equitativo para todos sus habitantes.