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Prisión domiciliaria para exfuncionaria acusada de estafas por escaneo de iris

Albertina Mangini, exfuncionaria judicial, recibió prisión domiciliaria tras su detención por su supuesta participación en una red de estafas mediante escaneo de iris. La causa involucra movimientos ilícitos estimados en 18 millones de dólares, afectando a personas vulnerables que vieron sus identidades usurpadas.

Por Gabriel Jara5 min de lectura
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Prisión domiciliaria para exfuncionaria acusada de estafas por escaneo de iris

El Juzgado de Garantías N°6 de La Plata ha dispuesto otorgar prisión domiciliaria a Albertina Mangini, quien se encuentra bajo arresto por su supuesta implicación en una red dedicada a captación de datos biométricos de personas vulnerables. Esta medida fue dictada por el juez Catriel Taubenschlag, quien impuso además el uso de una tobillera electrónica y estrictos controles del Patronato de Liberados en la provincia de Buenos Aires.

La decisión de conceder prisión domiciliaria se dio a raíz de un pedido de Mangini, fundamentado en su estado de salud mental. Sin embargo, su salida de la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato no será inmediata; quedará en suspenso hasta que se confirme que su nuevo domicilio cumple con las condiciones adecuadas para la instalación del sistema de monitoreo, y el fallo firme.

La investigación por esta causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que, tras recibir 80 mil pesos a cambio de facilitar su DNI y permitir una toma de imágenes, se encontró con movimientos de dinero ajenos a su persona. Esta víctima, empleada de limpieza del propio organismo donde trabajaba Mangini, se vio involucrada en una trama que superaría los 18 millones de dólares en transacciones ilegales.

La red delictiva a la que pertenecía Mangini, y que también incluye a otros dos imputados detenidos, utilizaba las identidades usurpadas para abrir cuentas en bancos y billeteras virtuales, con el fin de canalizar dinero relacionado con actividades ilícitas, como el juego clandestino. Las operaciones estaban a cargo de Ignacio Leonel Marchioni, considerado el financista de la estructura, quien también enfrenta graves acusaciones.

Este caso ha resonado en la sociedad, ya que revela las vulnerabilidades de personas en situaciones económicas desfavorables que son objeto de manipulación. La utilización de datos biométricos para cometer fraudes representa un nuevo desafío para las autoridades en la lucha contra el delito.

A medida que avanza la investigación, se anticipa que se tomarán nuevas medidas para proteger a las víctimas y prevenir que este tipo de prácticas se repitan. El monitoreo de las actividades de Mangini y el desarrollo de la causa serán cruciales para determinar futuras acciones legales.

La situación refleja una problemática más amplia en torno al uso de tecnologías biométricas y la seguridad de datos personales, un tema en constante discusión en el ámbito judicial y tecnológico.

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