Prisión preventiva de madre y padrastro de Ángel López se extiende seis meses más

El fiscal general Facundo Oribones confirmó que la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González, padres adoptivos de Ángel López, fue extendida por seis meses. La resolución se tomó durante una audiencia el 13 de octubre en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde también se autorizó la ampliación del plazo de investigación en el caso.

Altamirano y González están bajo investigación desde hace seis meses por un posible caso de maltrato infantil. El niño, que falleció el 5 de abril, estaba bajo el cuidado de la pareja, tras haber sido revinculados por orden judicial. La decisión de prorrogar su prisión preventiva se tomó por la necesidad de avanzar en la recopilación de pruebas periciales que se consideran clave para el esclarecimiento del caso.

Uno de los aspectos más relevantes discutidos en la audiencia fue la realización de una pericia forense programada para el 21 de octubre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires. Este análisis es fundamental para la investigación, ya que ayudará a determinar las circunstancias exactas de la muerte del menor y podría generar nuevas hipótesis respecto a la culpabilidad de los imputados.

El fiscal Oribones expresó su confianza en que los resultados de la pericia van a concordar con las evaluaciones previas del cuerpo interdisciplinario forense, que identificaron traumatismos provocados por golpes. Sin embargo, el funcionario también advirtió que un posible cambio en las conclusiones podría hacer que el Ministerio Público Fiscal revise su interpretación del caso y ajuste la calificación legal correspondiente.

Además, se destacó que tanto el representante legal del padre del niño, Luis López, como las defensas de los imputados no presentaron objeciones a la solicitud de ampliar los plazos de prisión preventiva y de investigación. Esto sugiere un consenso sobre la necesidad de esclarecer todos los detalles antes de avanzar en la etapa judicial correspondiente.

El caso ha suscitado gran preocupación en la comunidad, resaltando la importancia de la protección infantil y la intervención de los sistemas judicial y social en cuestiones de maltrato y negligencia. La prórroga de la prisión preventiva permitirá dar continuidad a la investigación y posiblemente también a un debate más profundo sobre las medidas de cuidado que se implementan en casos similares.

El próximo dictamen resultante de las pericias forenses será crucial en el desarrollo del caso y el futuro de los imputados, junto a la posibilidad de cambios significativos en la estrategia judicial. La comunidad se mantiene a la expectativa de los resultados y de su impacto en la seguridad y bienestar infantil.