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Prisión preventiva de madre y padrastro de Ángel López se extiende seis meses más

La justicia prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel Kevin González, acusados de homicidio en el caso de Ángel López. La decisión responde a la espera de una pericia fundamental que se realizará en la Corte Suprema. Ambos están detenidos desde abril de 2026 tras la muerte del niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia.

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Prisión preventiva de madre y padrastro de Ángel López se extiende seis meses más

La justicia de Chubut llevó adelante el 13 de octubre de 2026 una resolución que extiende por seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro del niño Ángel López, quienes están imputados en el marco de una causa por homicidio. Esta medida fue adoptada en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde se fundamentó la decisión en la continuidad de las circunstancias que permiten la detención de los acusados.

Ambos se encontraban a cargo del cuidado del menor cuando falleció el 5 de abril de 2026 en el hospital de esa ciudad. Su muerte se produjo en un contexto que implicó una reciente revinculación con su madre, luego de que la Justicia decidiera restablecer el vínculo y retirarle la tenencia exclusiva a su padre biológico, quien lo había criado desde temprana edad.

El fiscal del caso, Facundo Oribones, argumentó que no hay cambios en las condiciones que llevaron a la prisión preventiva inicial, lo que motivó la solicitud de mantener a los acusados en detención. En la audiencia, los defensores de Altamirano y González no presentaron objeciones al respecto, aunque tienen la opción de solicitar una revisión de la medida si aparecen nuevas pruebas o alteraciones en el contexto del juicio.

La decisión de prorrogar la prisión preventiva se enmarca dentro de una investigación más amplia que indaga sobre posibles maltratos que sufrió Ángel López. La causa incluye la espera por una pericia forense elemental que se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, programada para el 21 de octubre, con el objetivo de determinar la causa exacta del fallecimiento del niño y confirmar o refutar la hipótesis inicial del Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial sigue su curso con un fuerte impacto social en la región. La muerte de Ángel ha generado un gran interés y repercusión en la comunidad de Comodoro Rivadavia y más allá, debido a la gravedad de los cargos y la vulnerabilidad del caso que involucra a un niño. Es un tema delicado que ha puesto en el centro del debate la temática de la protección infantil y el cuidado parental.

Se espera que los resultados de la pericia forense aporten claridad al caso y determinen la dirección que tomará el proceso penal. La confianza del fiscal Oribones es que esta evaluación confirmará los hallazgos iniciales de la autopsia y otros informes realizados tras la muerte del menor.

El futuro inmediato de Altamirano y González dependerá de los resultados de estas pericias y de la evolución de la causa en los plazos estipulados por la justicia.

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