Prisión preventiva por violencia de género en Puerto Madryn
La Justicia de Puerto Madryn ha dictado prisión preventiva para un hombre de 24 años bajo graves acusaciones de violencia y abuso sexual contra su ex pareja. La decisión fue tomada tras una audiencia en la que se presentaron las evidencias del caso.

La justicia de Puerto Madryn ha resuelto la prisión preventiva de un joven de 24 años, acusado de múltiples delitos relacionados con la violencia de género, que incluyen privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, amenazas y lesiones. Esta medida fue adoptada el pasado viernes por la jueza María Alejandra Hernández, después de que la fiscalía presentó formalmente los cargos y las pruebas recolectadas durante la investigación.
Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron cuando la víctima, tras salir de una iglesia, fue interceptada por el acusado quien, con amenazas, la obligó a ingresar a su automóvil. De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Ivana Berazategui, el hombre llevó a la mujer a su domicilo donde se registraron agresiones físicas y sexuales. Las lesiones sufridas por la víctima fueron certificadas a través de pericias médicas hechas a posteriori.
Además, se reveló que el acusado destruyó el teléfono celular de la mujer durante el ataque, aunque los investigadores lograron recuperar mensajes que contenían amenazas, que fueron incorporados al expediente, fortaleciéndolo de cara a la acusación. Esto refleja un patrón de abuso y control sobre la víctima, lo que intensifica la gravedad del caso bajo la clasificación de violencia de género.
La víctima logró escapar y solicitar ayuda, lo que permitió que se iniciara la investigación judicial. En la audiencia, la fiscal se pronunció a favor de la prisión preventiva del acusado, resaltando la seriedad de los delitos imputados y el riesgo que este representa para la mujer.
Al escuchar las argumentaciones de las partes, la jueza Hernández accedió a la petición de la fiscalía, dictando así la prisión preventiva para el imputado, quien permanecerá detenido mientras se lleva a cabo la recolección de pruebas para un esclarecimiento total del caso y la determinación de las implicancias penales pertinentes.
Esta decisión judicial es un paso importante en el marco de la lucha contra la violencia de género en la región, un fenómeno que ha mostrado ser un desafío permanente para las autoridades y que requiere la atención de todas las instituciones.