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Prisión solicitada para penitenciarios de Viedma por golpear a un interno

La fiscalía de Viedma solicitó prisión para dos penitenciarios condenados por golpear a un interno. El juicio de cesura concluyó con un pedido de penas diferenciadas que serán definidas por el juez la próxima semana.

Por Rodrigo Ramirez Aburto4 min de lectura
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Prisión solicitada para penitenciarios de Viedma por golpear a un interno

En el contexto de un juicio de cesura, la fiscalía de Viedma ha solicitado penas de prisión para dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial, condenados por maltratar a un interno del Complejo Penal. Durante la audiencia, se expusieron los alegatos finales tanto de la fiscalía como de la defensa, coincidiendo en el hecho de que la agresión se llevó a cabo durante tareas de desinfección el 5 de septiembre de 2025.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen, a cargo de la acusación, recordó que la violencia inició en la celda y se extendió durante el traslado del interno, el cual resultó con múltiples lesiones físicas. La fiscalía enfatizó la gravedad de las acciones de los penitenciarios, quienes, en su rol de custodios del interno, abusaron de su autoridad y provocaron sufrimiento innecesario, lo cual fue corroborado por testimonios y la condición de salud de la víctima.

Rodríguez Frandsen fundamentó la solicitud de penas diferenciadas para ambos acusados, considerando su historial y la naturaleza de sus actos. Para uno de ellos, la fiscalía pidió dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación, mientras que para el segundo, quien tiene antecedentes de conflictos con el interno, se requirieron dos años y cuatro meses de prisión efectiva y un tiempo doble de inhabilitación.

Las defensas, por su parte, argumentaron la falta de dolo planificado en las acciones de los penitenciarios, buscando establecer un contexto atenuante para sus clientes. Sin embargo, la fiscalía insistió en la intencionalidad detrás de la violencia ejercida, subrayando que ambos acusados eran plenamente conscientes de las implicancias de su comportamiento.

La resolución del juez Ignacio Gandolfi sobre el caso será comunicada la próxima semana, la cual definirá las penas a aplicar a los penitenciarios involucrados en el maltrato. Este caso pone de relieve la importancia de la responsabilidad en el manejo de la fuerza por parte de los agentes del sistema penitenciario y los desafíos de garantizar la integridad de los internos en condiciones de encierro.

Este tipo de incidentes no solo afectan la confianza en el sistema penitenciario, sino que también resaltan la necesidad de medidas de control y reformulación de protocolos que eviten situaciones de abuso total o parcial en estas instituciones. La mirada hacia el bienestar de los internos debe considerarse como una prioridad, y estas decisiones judiciales serán fundamentales para sentar precedentes en el manejo de situaciones de violencia dentro del servicio penitenciario.

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