Prohibido acercarse: conflicto familiar por un sticker de WhatsApp

Un conflicto familiar en la localidad de Bariloche, Río Negro, se convirtió en un caso de intervención judicial después del envío de un sticker considerado inapropiado a través de WhatsApp. Un Juzgado de Paz de la Línea Sur determinó que el denunciado debe mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de la denunciante, su vivienda y sus lugares de trabajo, así como de cualquier integrante de su grupo familiar.

La denuncia fue presentada por la mujer en una comisaría y rápidamente escaló a la justicia, gracias a la intervención de la oficina policial especializada en violencia familiar. La denunciante relató que el sticker había provocado en ella sentimientos de miedo y angustia, lo que la llevó a preguntar al hombre sobre su decisión de enviárselo. Esta respuesta comunicativa, sin embargo, no solucionó el conflicto.

Durante la audiencia, el denunciado admitió haber enviado el sticker, aunque argumentó que lo hizo por error. Además, mencionó problemas de salud que le habrían incapacitado en su momento para comprender sus acciones y aseguró haber intentado disculparse personalmente. A pesar de estas afirmaciones, el juez consideró que existían indicios de violencia psicológica y que la percepción de la denunciante era válida.

A raíz de este análisis, el magistrado decidió no solicitar la exhibición del sticker, priorizando el bienestar emocional de la mujer. La resolución judicial prohíbe al denunciado cualquier contacto, ya sea directo o a través de terceros, y establece que debe presentarse ante un servicio de Salud Mental para una evaluación psicológica, a fin de determinar si necesita tratamiento y los seguimientos correspondientes.

El Sistema de Abordaje Territorial también fue designado para brindar asistencia a la mujer afectada, quien requiere medidas protectivas ante la posible reaparición de conflictos. La resolución del juez advierte que cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas conllevará sanciones severas, incluyendo multas o arrestos, y además contempla la posibilidad de una investigación penal por desobediencia a la autoridad judicial.

Las medidas adoptadas son provisionales y quedarán sujetas a lo que determine el fuero de Familia en futuras instancias del proceso judicial. Este caso no solo pone de relieve el uso de las tecnologías en situaciones de hostigamiento familiar sino también la intervención del sistema judicial para proteger el bienestar de las personas involucradas.