Proponen anular beneficios fiscales a empresas chilenas por ruta a Malvinas

El diputado nacional Guillermo Michel ha promovido un proyecto de ley que propone la suspensión de los beneficios fiscales a las empresas chilenas operando en Argentina, motivado por la reanudación de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Esta medida surge ante la reciente navegación del buque Danstar, que abastece a las islas Malvinas y es un símbolo de la falta de solidaridad de Chile en el conflicto territorial.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denuncie oficialmente dos tratados vigentes: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal. Esta denuncia es un procedimiento que permite retirar acordadas evitando la ruptura de vínculos diplomáticos entre ambos países.

En caso de llevarse a cabo, las empresas chilenas perderían los límites actuales en las retenciones impositivas sobre dividendos e intereses generados en Argentina, lo que podría afectar directamente a su operativa comercial. Michel enfatiza que estas acciones son un intento por defender la soberanía argentina sobre las Malvinas, el cual está en disputa con el Reino Unido desde hace varias décadas.

La controversia en torno a las Malvinas involucra no solo cuestiones territoriales, sino también el acceso y explotación de recursos naturales en la región. A pesar de los reclamos de Argentina, el Reino Unido continúa autorizando actividades económicas en las islas, lo que incluye la explotación de recursos sin el consentimiento argentino.

Michel argumenta que la relación bilateral con Chile debería ser revisada a la luz de su apoyo a operaciones que Argentina considera ilegales. En este contexto, la iniciativa también se apoya en la ley 26.659 y su modificatoria, que establece sanciones para aquellos que participen en actividades como la exploración e hidrocarburos en la plataforma continental en disputa.

La situación refleja las tensiones no solo históricas, sino también económicas entre Argentina, Chile y el Reino Unido, destacando la necesidad de una posición firme ante las acciones que afectan la soberanía argentina. La propuesta está aún en debate, y su futuro dependerá de la discusión legislativa y del apoyo que logre en el Congreso argentino.