Proponen impulsar la oralidad en procesos civiles en Argentina

En el marco del debate legislativo en la provincia de Chubut sobre la reforma de los códigos procesales, el Dr. Andrés Harfuch, director del área de juicio por jurados del INECIP, ha manifestado la necesidad de avanzar hacia la oralización de los procesos civiles y comerciales en todo el país. Según Harfuch, la Constitución Nacional exige que los juicios sean orales, pero la resistencia por parte de algunos sectores del ámbito jurídico ha frenado este avance.

Harfuch destacó que, tras casi cuatro décadas de democracia en Argentina, es esencial transformar el sistema judicial. La transición del modelo escrito y cerrado —que todavía predomina en la justicia civil— al sistema oral, que permite que las pruebas se presenten ante un tribunal de manera pública y continua, es fundamental. Subrayó que, mientras la justicia penal ha avanzado en este aspecto, la justicia civil sigue siendo lenta y burocrática, lo que se traduce en largas demoras en la resolución de casos.

El especialista expuso un ejemplo ilustrativo sobre una causa que tomó 15 años en resolverse, en donde un niño que sufrió un accidente quedó cuadripléjico y tuvo que asistir varias veces al juzgado sin tener la oportunidad de ver al juez. Este retraso ha llevado a que Argentina sea condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pone de manifiesto la urgencia de implementar sistemas más eficientes.

Desde INECIP, se promueve la modernización del sistema judicial, enfrentándose a intereses establecidos de estudios jurídicos que se oponen a la oralidad. Harfuch apuntó que el sistema actual favorece a un modelo de abogacía que permite a algunos abogados manejar un gran volumen de expedientes sin la necesidad de asistir a audiencias. Este modelo, aunque parece eficiente, no permite la justicia adecuada y transparente que la ciudadanía exige.

Harfuch comparó la situación argentina con la de otros países donde la práctica de la abogacía se basa en un sistema completamente oral. Allí, los abogados gestionan menos casos pero obtienen mayores beneficios económicos al estar más presentes en las audiencias, propiciando una distribución más justa del trabajo entre los profesionales del derecho.

Este llamado a la oralización no solo busca mejorar la eficiencia de la justicia, sino también fortalecer la democracia, asegurando que los derechos de los ciudadanos sean respetados de manera efectiva y oportuna. En este contexto, el avance hacia un sistema oral es visto como una obligación constitucional y un desafío crucial para el futuro del derecho en Argentina.

La implementación de estas reformas en la legislación podría ser un cambio significativo en el acceso a la justicia para la población, pero requerirá una profunda transformación cultural dentro de la profesión legal y la voluntad política de llevar adelante esta iniciativa.