Proponen sanciones a empresas por uso de 'falsos voluntarios' en Bariloche
El Concejo Municipal de Bariloche presentó un proyecto que prohíbe el uso de modalidades laborales como 'voluntariado' en establecimientos turísticos. La norma apunta a proteger el empleo local y evitar la precarización laboral, estableciendo sanciones para quienes infrinjan las regulaciones.
Un nuevo proyecto de ordenanza ha sido ingresado en el Concejo Municipal de Bariloche que busca sancionar a aquellas empresas que utilicen modalidades engañosas como "voluntariado", "intercambio" o "colaboración". La iniciativa, presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, se propone proteger los empleos registrados en la ciudad y evitar que se reemplacen puestos operativos habituales con trabajos no remunerados que disfrazan relaciones laborales.
La normativa aplicará a todos los comercios, establecimientos turísticos, hoteleros y de servicios que deban estar habilitados dentro del ejido urbano de Bariloche. Esta ordenanza establece una prohibición categórica sobre la utilización de tales modalidades laborales o la publicación de convocatorias dirigidas a realizar tareas esenciales o permanentes que revistan el reemplazo de empleos formales.
La fiscalización de esta nueva regulación estará a cargo de la Dirección de Inspección General, que tendrá la facultad de llevar a cabo controles e inspecciones. También se habilitarán canales para recibir denuncias sobre estas prácticas, asegurando la confidencialidad para proteger a los trabajadores que se encuentren en situaciones precarizadas.
Las sanciones contempladas para los infractores incluyen apercibimientos, multas, clausuras temporales, y en casos extremos, la baja definitiva de la habilitación comercial. Esta baja se aplicaría a aquellos establecimientos que reincidan en el incumplimiento o que enfrenten tres sanciones firmes en un periodo de tres años, entre otras condiciones.
La cuestión ha cobrado relevancia a raíz de una reciente convocatoria de un establecimiento turístico en la que se ofrecía hospedaje a cambio de labores semanales, lo que reavivó las inquietudes sobre las prácticas informales que sustituyen trabajos genuinos en Bariloche. Este hecho ha provocado un creciente debate sobre la necesidad de proteger los derechos laborales en la región.
Cabe destacar que la normativa no busca prohibir programas de voluntariado que tengan fines culturales, educativos o sociales, sino más bien evitar situaciones de explotación laboral en contextos con fines de lucro. De ser aprobada, las empresas tendrían un plazo de 30 días para adaptarse a la nueva normativa y el Ejecutivo municipal contaría con 60 días para reglamentarla adecuadamente y lanzar campañas informativas sobre los derechos laborales.