Propuesta de cámaras en aulas de Neuquén genera controversia
Un proyecto en la Legislatura de Neuquén busca permitir cámaras en escuelas, pero genera rechazo en algunos sectores educativos. La Asociación de Trabajadores de la Educación se opone a su implementación en aulas, aunque se evalúa incluirlas en espacios comunes.
La Legislatura de Neuquén está considerando una propuesta de la diputada Gisselle Stillger para la instalación de cámaras de videovigilancia en escuelas, tanto públicas como privadas. La iniciativa busca mejorar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal, y ha sido discutida en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. Durante los debates, se ha coincidido en que estas cámaras pueden colocarse en espacios comunes, pero la cuestión del uso en las aulas ha generado divisiones.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y el Consejo Provincial de Educación (CPE) han expresado su firme oposición a la instalación de cámaras en las aulas, argumentando que su presencia implicaría una violación de la privacidad y podría afectar el ambiente educativo. Algunos legisladores se sumaron a esta postura, abogando por la exclusión de las aulas de cualquier plan de videovigilancia. En contraste, la diputada Stillger argumenta que permitir la instalación de cámaras dentro de las aulas, bajo ciertas condiciones, podría actuar como una protección adicional ante situaciones de violencia escolar.
El principal enfoque de la propuesta de Stillger radica en permitir que los equipos directivos de cada institución evalúen sus necesidades y decidan si requieren cámaras en aulas específicas. De esta manera, la decisión de instalar dispositivos dependería de las solicitudes del personal docente y de las circunstancias particulares de cada escuela. Esto representaría un enfoque más flexible, adaptado a la realidad de las instituciones educativas.
Además, el proyecto contempla el establecimiento de regulaciones específicas para garantizar la privacidad de los alumnos y el personal. Se propone que las imágenes captadas sean confidenciales, con acceso restringido y prohibida su difusión pública, limitando su uso a los fines previstos en la normativa. El uso de tecnología de reconocimiento facial o identificación biométrica en menores también está excluido de esta iniciativa.
En este contexto, la decisión legislativa deberá abordar si se permitirá o no la instalación de cámaras en aulas y, de ser así, bajo qué condiciones. La discusión refleja una tensión entre la necesidad de aumentar la seguridad escolar y el respeto por la privacidad y los derechos de los estudiantes en el ámbito educativo.