Propuesta fiscal del Gobierno para financiar universidades en 2027

El Ejecutivo nacional ha presentado una propuesta fiscal destinada a facilitar las discusiones con el sistema universitario del país, que se encuentra en un contexto de tensas negociaciones. Esta iniciativa incluye la refinanciación y disminución de las contribuciones patronales que las universidades deben abonar al Estado, con el objetivo de cerrar la brecha financiera existente con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Mediante esta estrategia, el Gobierno busca aligerar las obligaciones previsionales que gestionan las instituciones educativas a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), además de proyectar incrementos en el presupuesto correspondiente al año 2027. La medida es un intento de compensar, a través de ajustes fiscales, lo que no se tiene planeado otorgar mediante transferencias directas a las universidades, que reclaman un piso de financiación de aproximadamente 11 billones de pesos.

Aunque el Gobierno ha señalado que existe margen para aumentar el presupuesto presentado al Congreso, descarta la posibilidad de alcanzar las cifras que exigen las universidades. En este marco, disminuir la carga social que las universidades abonan por su personal se ha convertido en un mecanismo preferido para intentar acercar posiciones sin comprometer excesivamente las cuentas públicas.

La historia de esta problemática remonta a 2010, cuando se introdujo el Decreto 1571, que establecía una alícuota reducida del 10,17% sobre las nóminas salariales de universidades con deudas previsionales. Más recientemente, el Decreto 645/2023 tuvo como efecto suavizar el cambio a un sistema progresivo, aumentando gradualmente la carga hasta un 14,52% para 2027, alcanzando la normativa general en 2031. Sin embargo, la culminación de los planes de pago ha generado inquietud en el sector educativo.

Particularmente en instituciones grandes como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el 90% del presupuesto se destina a salarios, cualquier incremento porcentual en la carga salarial repercute directamente en su capacidad operativa. Actualmente, las negociaciones continúan de manera informal, y tanto la UBA como el CIN enfatizan que aún no hay acuerdos firmes, destacando que cualquier cambio dependerá de la alícuota final propuesta por el Gobierno y la normativa vinculante.

Además, la dimensión política de estas negociaciones se complica por la presión judicial, luego de que un juez dictara sanciones económicas diarias al Gobierno por el incumplimiento de la actualización necesaria de salarios y becas. Ante este panorama, la Casa Rosada busca establecer un acuerdo integral que aborde el presupuesto, las obligaciones con ARCA y la reformulación de la Ley de Financiamiento Universitario.