Propuesta para prohibir celulares y que presos paguen sus gastos en cárceles argentinas

El partido La Libertad Avanza ha presentado un proyecto de ley que propone modificar las condiciones de vida en las cárceles federales argentinas. La iniciativa, impulsada por el diputado Álvaro Martínez, contempla la prohibición de teléfonos celulares en los penales, junto con otros cambios significativos relacionados con la vida cotidiana de los internos y las condiciones de su futura reinserción social.

Entre las medidas más destacadas, se encuentra la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que obligaría a los presos a cubrir sus propios gastos durante la detención, tales como alimentación, servicios básicos y asistencia médica. Esta propuesta busca que los internos asuman la responsabilidad financiera de su estancia, bajo la premisa de que quienes trabajan deben pagar sus cuentas, y así también deben hacerlo aquellos que están privados de libertad, según el legislador.

Otra de las modificaciones planteadas en el proyecto es la utilización de uniformes diferenciados de acuerdo con el nivel de peligrosidad de cada interno. Los colores beige o marrón claro se usarían para clasificar a los internos en tres niveles: leve, medio y alto. Esta diferenciación no se considera discriminatoria, según Martínez, sino una forma de establecer un principio de igualdad en las condiciones de detención.

El proyecto también busca abordar la problemática de los delitos que se pueden llevar a cabo desde el interior de las cárceles, como el narcotráfico y el lavado de activos. Para ello se prevén cambios en el trabajo penitenciario y en la comunicación de los internos con el exterior, restringiendo el uso de celulares personales y promoviendo mecanismos de comunicación más seguros y supervisados.

Estas propuestas se enmarcan en un contexto donde la seguridad en las cárceles se ha convertido en un tema prioritario, dado el incremento de delitos que se organizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios. La modalidad de operar desde las cárceles plantea un desafío constante para las autoridades encargadas de la seguridad pública y del sistema penitenciario en su conjunto.

A medida que la iniciativa avanza, se esperan debates en el Congreso que discutan la viabilidad y las implicancias de estas propuestas, que podrían afectar a miles de internos en el sistema penitenciario argentino. La implementación de estas leyes requerirá un análisis minucioso para garantizar que no se vulneren derechos básicos de los internos, en el marco de la reinserción y la seguridad pública.