Prórroga de prisión preventiva para Roberto Sánchez por transfemicidio en Neuquén

La justicia en Neuquén ha prorrogado por seis meses la prisión preventiva de Roberto Daniel Sánchez, tras ser declarado culpable del transfemicidio de Azul Semeñenko. Esta decisión se tomó en una audiencia específica, luego de que la Fiscalía pidiera mantener a Sánchez en custodia mientras se determinan las penas correspondientes y se resuelven posibles impugnaciones relacionadas con el juicio.

El jurado popular emitió su veredicto de culpabilidad el 19 de octubre, lo cual llevó a la Fiscalía, representada por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, a argumentar que la extensión de la prisión preventiva es esencial ante los riesgos que presenta el acusado. Según sostienen, el veredicto aumenta la posibilidad de que Sánchez intente evadir la justicia o entorpezca el proceso judicial.

Entre los argumentos presentados, la expectativa de pena fue un factor central. Sánchez está expuesto a una posible condena a prisión perpetua, la sanción máxima estipulada por el Código Penal argentino. La gravedad del crimen también fue destacada por la Fiscalía, quien hizo hincapié en la violencia del acto y en las acciones posteriores al asesinato que buscaban ocultar el delito.

Los fiscales informaron sobre varios indicios que apuntan a maniobras de obstrucción, como el ocultamiento del cuerpo, la limpieza de la escena del crimen y la desaparición del teléfono celular de la víctima. Además, se mencionaron posibles intimidaciones a testigos, tanto antes como durante el juicio, lo que refuerza la percepción de riesgo que se tiene del acusado y la necesidad de mantenerlo en prisión.

El juez técnico Luciano Hermosilla, quien también participó en el juicio, decidió favorecer el pedido del Ministerio Público Fiscal. Argumentó que el veredicto de culpabilidad no solo incrementa el riesgo de fuga de Sánchez, sino que también plantea la necesidad de garantizar el desarrollo limpio del proceso judicial, considerando la dura pena que podría enfrentar.

Con la prórroga de seis meses, se prevé que durante este tiempo se lleve a cabo la audiencia para la determinación de la pena, un proceso conocido como juicio de cesura, donde se establecerá la pena definitiva. Asimismo, el plazo permitirá gestionar las impugnaciones que puedan surgir de la sentencia dictada por el jurado popular. Esta fase se convierte en un momento crítico tanto para la parte acusadora como para la defensa, en medio de un caso que ha atraído la atención en la región.

Este caso de transfemicidio ha generado un profundo impacto en la comunidad, resaltando la problemática de la violencia de género y la necesaria lucha por la igualdad y los derechos de las personas que, como Semeñenko, enfrentan situaciones de vulnerabilidad en la sociedad.