Prorrogan embargos a exfuncionarios por desvío de fondos en Neuquén

En una reciente audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, la fiscal Rocío Rivero, junto a la querella, solicitó la extensión por seis meses de las medidas cautelares relacionadas con el caso Viento Sur. Esta causa investiga un supuesto desvío de fondos de más de 1200 millones de pesos que debían destinarse a capacitaciones laborales, pero que en realidad fueron utilizados para otros fines, generando un daño significativo al erario provincial.

Los fondos en cuestión fueron provenientes de un programa estatal del gobierno anterior, en un periodo marcado por la conflictividad social en la región. Tras la pandemia, grupos sociales y políticos presionaban para obtener recursos que no se vieron reflejados en las capacitaciones prometidas. La cooperativa Viento Sur, destinataria de estos recursos, es acusada de haber desviado el dinero para la compra de bienes y la transferencia a cuentas personales de los imputados.

La fiscal Rivero explicó durante la audiencia que la situación de riesgo procesal se ha intensificado, lo que llevó a pedir la prórroga de embargos. Por su parte, las defensas de los imputados no se opusieron, aunque requirieron aclaraciones sobre el uso de los vehículos involucrados, que siguen embargados pero con el secuestro físico levantado para permitir su utilización en actividades comunitarias.

El juez de garantías Lucas Yancarelli accedió a prorrogar los embargos sobre tres inmuebles de la cooperativa y cuatro automóviles, además de un plazo fijo constituido con fondos de las cuentas de la entidad, al considerar la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger los intereses fiscales.

Los ocho individuos imputados en la causa enfrentan acusaciones de administración fraudulenta. Entre los más relevantes se encuentran los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino. Los allanamientos llevados a cabo en la cooperativa fueron considerados como “espectaculares” y estigmatizantes por los abogados de los implicados, quienes sostienen que las decisiones judiciales han afectado la imagen de los dirigentes sociales involucrados.

Esta situación pone nuevamente en el centro de la escena la gestión del Estado provincial y la adecuada supervisión de los fondos públicos en contextos de alta demanda social. Las implicancias de este caso podrían extenderse más allá de los involucrados, generando un debate mayor sobre la asignación de recursos y el cumplimiento de programas de capacitación que son fundamentales para la recuperación económica y social de la región.