Protestas en Guatemala por aumento de combustibles dejan heridos y detenidos

Las manifestaciones en Guatemala contra el aumento de los precios de los combustibles han generado episodios de violencia y descontento en distintas regiones del país. El 11 de septiembre, durante el desalojo de un bloqueo en la ruta a Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez, seis agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos, uno de ellos con un disparo en el estómago. Este hecho preocupante ocurrió en el contexto de protestas que comenzaron a sentirse en varias áreas, afectando la circulación y provocando el incendio de vehículos en Zacapa.

Además del incidente en Cuyotenango, el 12 de septiembre se registró un cierre de ruta en la aldea Santo Domingo, en Colomba Costa Cuca, que estaba impidiendo el tráfico en ambos sentidos. A pesar de que la PNC afirmó haber despejado más del 90% de los bloqueos, la situación de tensión no parecía disiparse, pues algunos puntos de conflicto permanecían, especialmente en Zacapa y Villa Nueva, donde se denunció la influencia de pandillas que estarían utilizando a personas vulnerables como escudos humanos durante las protestas.

La PNC, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ejército, respondió a esta escalada de violencia siguiendo una orden de la Corte de Constitucionalidad, que instó a liberar las rutas bloqueadas. Las autoridades han enfatizado la necesidad de prevenir abusos y proteger a los ciudadanos, especialmente a mujeres y niños que se encontraban en esas zonas de conflicto. El despliegue de fuerzas de seguridad fue justificado por la necesidad de restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población.

En este contexto, la PNC realizó un llamado a la ciudadanía para que se mantenga en sus hogares durante las operaciones de desalojo, y también pidió la colaboración de la Procuraduría de los Derechos Humanos para cuidar los derechos de los más vulnerables. Las detenciones de los agentes involucrados en los bloqueos y los promotores de la violencia fueron destacadas como medidas necesarias para abordar la situación.

Asimismo, la policía alertó que se estarían tomando acciones legales contra aquellos que obstruyan las vías, dejando claro que los vehículos utilizados para cometer estas infracciones podrían ser confiscados.

El ambiente social en Guatemala se ha visto alterado, y las autoridades prometieron aplicar la ley con severidad contra aquellos que inciten a la violencia o participen en acciones ilegales. En resumen, los disturbios reflejan un descontento generalizado por las políticas de precios, y las respuestas estatales buscan controlar la escalada de tensión que ya afecta la convivencia en varias regiones del país.