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Protestas en Neuquén por prisión domiciliaria de empresario condenado por abuso sexual

Los residentes de un barrio privado en Neuquén se manifestaron enérgicamente tras la reciente decisión judicial que permitió la prisión domiciliaria de un empresario condenado por abuso sexual. Las protestas reflejan el descontento social frente a la medida y han generado un importante despliegue policial en la zona.

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Protestas en Neuquén por prisión domiciliaria de empresario condenado por abuso sexual

La concesión de prisión domiciliaria a un empresario de Neuquén, previamente condenado por abuso sexual agravado en contra de su hijastra, provocó un fuerte rechazo en un barrio privado de la capital provincial. El hombre había cumplido gran parte de su condena en una dependencia policial, pero la decisión del Tribunal de Impugnación de otorgarle arresto domiciliario generó la indignación de los vecinos, quienes realizaron protestas masivas que incluyeron cacerolazos y actos simbólicos como el lanzamiento de huevos contra la vivienda.

Desde el momento en que se conoció la resolución judicial, los residentes se agruparon frente al domicilio del empresario para expresar su disconformidad. A pesar de un operativo policial que custodió el lugar para prevenir disturbios, los manifestantes reiteraron su demanda de que el condenado regrese a prisión, argumentando que su presencia en la comunidad representa un riesgo para las familias, especialmente para los niños.

Un vecino de la zona declaró a los medios que conviven con un violador en su barrio, enfatizando el peligro que supone para los menores residentes, muchos de los cuales ya habrían visto al hombre con la tobillera electrónica. Esta situación ha obligado a los adultos a tener que explicarles a los niños lo que está ocurriendo, generando una atmósfera de temor e incertidumbre en la comunidad.

El Tribunal de Impugnación justificó su decisión al considerar que el condenado no había incumplido con las condiciones de la prisión preventiva durante todo el proceso judicial. Sin embargo, el fuerte rechazo de los habitantes del barrio sugiere que la percepción de seguridad y justicia está en juego. La fiscalía, junto a la querella, adelantó que solicitará una pena de entre 30 a 35 años de cárcel durante la próxima audiencia de cesura.

Este caso resalta preocupaciones más amplias sobre el manejo judicial de delitos de abuso sexual y las medidas de protección a las víctimas y comunidades. El hecho de que un condenado por tales delitos reciba arresto domiciliario ha generado debate en torno a los procedimientos contables y la protección de los derechos de las víctimas.

Mientras tanto, las protestas continúan y los vecinos se organizan para exigir que se revierta esta decisión judicial, buscando garantizar un entorno seguro para todos, especialmente para los niños en su comunidad. Las próximas semanas serán claves para el desarrollo del caso y la respuesta de los organismos judiciales locales.

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