Protestas en Santa Cruz: policías acampan 46 días por mejores salarios

Desde hace 46 días, un grupo de efectivos de la Policía de Santa Cruz, junto a integrantes del Servicio Penitenciario y bomberos, mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. La continuación de la protesta se da en medio de temperaturas extremas y en rechazo al aumento salarial dictado por el gobierno provincial que, aseguran, no es suficiente para cubrir el costo de vida en la región.

Los manifestantes han expresado que los salarios actuales son insuficientes, señalando que un efectivo cobra entre 900.000 y 1.100.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica que asciende a 2.200.000 pesos. El policías retirado Diego Rodríguez comentó que muchos optan por realizar trabajos extra fuera de su función, como choferes en aplicaciones o albañiles, para complementar sus ingresos.

El reciente decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal estableció un nuevo aumento que, según el gobierno, lleva el salario inicial de un efectivo a 1.700.000 pesos. Sin embargo, la medida también supuso la eliminación de diversos suplementos no remunerativos que se cobraban anteriormente, lo que genera un clima de confusión y descontento entre los efectivos.

El conflicto se ha concentrado en ciudades como Río Gallegos y El Calafate, mientras que otros lugares como Caleta Olivia y Comandante Luis Piedra Buena han visto disminuir la intensidad de las protestas. A pesar de algunas locales levantando sus medidas de fuerza, el acampe sigue con otros manifestantes encadenados, buscando visibilizar su reclamo en un momento crítico del invierno patagónico.

Desde el oficialismo, se argumenta que han existido múltiples instancias de diálogo con la fuerza, con ocho reuniones ya realizadas. Aun así, todas las propuestas han sido rechazadas. El gobierno también ha señalado que la continuidad de las protestas podría estar relacionada con intereses políticos, minimizando el reclamo salarial estructural.

Mientras sigue el acampe y se agrava la situación por las condiciones climáticas, no parece haber un camino claro hacia la resolución del conflicto. Las autoridades cercanas a la gobernación han vinculado las limitaciones financieras de la provincia con deudas acumuladas de ciertas municipalidades, argumentando que esto impacta negativamente en la capacidad del gobierno para atender los requerimientos salariales de los trabajadores del sector de seguridad.