Proyecto busca derogar parte de la Ley de Paz Total en Colombia

Un proyecto de ley presentado por Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, propone revocar secciones de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, que fue impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Molina argumenta que esta ley otorgó facultades excesivas al ejecutivo y benefició a grupos criminales, dejando de lado las necesidades de justicia de las víctimas.

La nueva iniciativa legislativa estipula que las estructuras criminales de origen no político no deben acceder al tratamiento político que les otorgaba la ley anterior. Además, el proyecto exige que se reanuden las medidas de aseguramiento y las sentencias que actualmente están suspendidas para los integrantes de estos grupos, indicando un enfoque más severo en la lucha contra el crimen organizado.

Molina enfatizó que es fundamental establecer reglas claras para futuras negociaciones de paz y que los cabecillas de organizaciones criminales deben rendir cuentas ante la justicia, evitando cualquier tipo de impunidad. Su opinión es que la paz no puede ser un escudo para quienes han perpetuado el terror en el país, subrayando que es esencial mantener la seguridad ciudadana y cumplir con la ley.

Desde la cárcel de máxima seguridad La Paz, Molina realizó el anuncio y aseguró que la política de paz del gobierno de Petro ha dejado a un lado las voces de las víctimas de la violencia. En su discurso, hizo hincapié en que los delincuentes deben ser tratados conforme a la gravedad de sus delitos, en lugar de recibir beneficios que podrían facilitar su regreso a la vida pública sin las debidas sanciones.

El planteamiento también busca revertir beneficios que han permitido el levantamiento de órdenes de captura contra líderes del ELN y otros grupos armados ilegales, lo que ha generado un debate intenso en la sociedad colombiana. La propuesta busca una respuesta ajustada a las expectativas de justicia de los ciudadanos que han padecido las consecuencias de la criminalidad en sus comunidades.

Con estas medidas, el proyecto de ley apela a un enfoque más riguroso en la lucha contra el crimen, insistiendo en que las iniciativas de paz deben sustentarse en la verdad y la justicia, atendiendo a las demandas de las víctimas.

La discusión en torno a esta iniciativa reflejará la tensión actual en Colombia entre la política de paz y la necesidad de justicia, marcando un posible cambio en el rumbo de las negociaciones gubernamentales con estructuras criminales.