Puerto Madryn legaliza Uber, pero impone restricciones sobre antigüedad de los vehículos

Tras una década de prohibición, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn se ha convertido en el primero en Chubut en autorizar legalmente la operación de aplicaciones de transporte de pasajeros, como Uber y Cabify. La nueva normativa surgió luego de extensos debates que incluyeron cuestionamientos por parte de los taxistas y remiseros locales, quienes se mostraron en desacuerdo con la decisión.

A pesar de la legalización, Uber y Cabify ya operaban en la ciudad desde hace más de dos años, facilitados por la demanda de transporte y la crisis económica que llevó a muchos a buscar alternativas laborales. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se estima que hay más de 1.500 autos funcionando bajo estas plataformas, aunque la actividad no era legal.

La reciente normativa elimina la prohibición previa y define las condiciones bajo las cuales los conductores pueden operar. Entre los requisitos establecidos, se incluye que los vehículos deben ser de una antigüedad máxima de 10 años y contar con un código QR en el parabrisas, además de la exigencia de una licencia profesional y un seguro equivalente al que tienen los taxis.

Uno de los puntos más controvertidos de la regulación es la restricción sobre la antigüedad de los vehículos. Esta norma podría afectar a muchos conductores que ya estaban utilizando la app, dado que solo se permitirán vehículos registrados a partir de 2016. Pamela Pavés, vocera de los choferes, expresó su preocupación, enfatizando que muchos de ellos dependen de su auto actual para sobrevivir económicamente.

Pavés también destacó que la aplicación permite la inclusión de vehículos mucho más antiguos, lo que podría dejar fuera del sistema a trabajadores ya registrados.

A los choferes se les concede un plazo de 90 días para adaptarse a las nuevas condiciones establecidas por el Municipio. Aunque la decisión representa un avance en la formalización de este tipo de transporte, aún persisten desafíos significativos para sus trabajadores, quienes enfrentan dificultades económicas para cumplir con los nuevos requisitos.