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Queja del municipio por el procedimiento policial en el caso Ostoich

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia aclaró que el operativo policial en su edificio no fue un allanamiento, sino un retiro de documentación solicitado por la Fiscalía. Esto generó malestar por la presencia de efectivos antimotines en lugar de un empleado judicial.

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Queja del municipio por el procedimiento policial en el caso Ostoich

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado para aclarar la situación que rodeó el operativo policial del lunes, en el que se llevaron a cabo acciones relacionadas con la investigación del secretario de Obras Públicas, Fernando Ostoich. Según las autoridades locales, no había una orden judicial que autorice un allanamiento al edificio municipal. En cambio, se trató del retiro de documentos que habían sido previamente solicitados por la Fiscalía.

El municipio indicó que el jueves recibió una orden de la Fiscalía para entregar cierta documentación. Aunque los expedientes estaban listos desde el viernes 11 de septiembre, no fueron retirados por un empleado judicial, que es el procedimiento habitual, sino que el lunes se presentaron diez efectivos policiales, armados y encapuchados, para concretar la tarea. Este hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes se vieron sorprendidos por la presencia de fuerzas antidisturbios en un entorno comunal.

Las fuentes municipales subrayaron que el objetivo de la aclaración era brindar tranquilidad a la comunidad, destacando que se desconoce el motivo por el cual se utilizó este método para el retiro de documentación. En el comunicado, el municipio reafirmó su disposición para colaborar con la Justicia y aseguró que proporcionará más información si surge algún nuevo dato sobre la situación.

Este operativo está relacionado con una denuncia presentada por el concejal Omar Lattanzio, que implica a Ostoich por presunto abuso de autoridad y faltas en el ejercicio de su cargo. La investigación incluye el análisis de varios expedientes que abarcan obras públicas municipales, como los denominados 'Trailers de salud' y trabajos en veredas.

Además, se contempla el secuestro de documentación relativa a contrataciones efectuadas para obras en la ciudad, incluyendo proyectos vinculados a un estacionamiento municipal y la construcción de garitas en diferentes barrios de Comodoro Rivadavia. La acción del fiscal Julio Puentes busca resguardar información clave para esclarecer las denuncias formuladas.

En este contexto, los municipios deben ser cautelosos al manejar la relación con las fuerzas de seguridad, especialmente en situaciones que involucran a sus funcionarios. La comparación entre este tipo de operativos y los procedimientos habituales de la Justicia podría ser tema de debate en la comunidad sobre la legitimidad y proporcionalidad de las acciones policiales en contextos administrativos.

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