Querella apeló la reducción de penas a prefectos en el caso Rafael Nahuel

Graciela Salvo y Rafael Alejandro Nahuel, padres del joven asesinado en 2017, han interpuesto un recurso extraordinario federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Su objetivo es que la Corte Suprema revise la reciente decisión de la Sala III de dicho tribunal, que otorgó una significativa reducción de penas a cinco integrantes de la Prefectura Naval Argentina, implicados en el caso.

El fallo del 24 de septiembre revocó las condenas de privación de libertad impuestas anteriormente por el Tribunal Oral Federal de General Roca. En este nuevo panorama, el autor material del homicidio, Sergio Guillermo Cavia, vio su pena reducida de cinco a tres años de prisión en suspenso. Los otros cuatro acusados, que actuaron como partícipes necesarios, recibieron condenas que oscilaron entre dos y dos años y medio en suspenso, dejando sin efecto las sanciones anteriores que incluían hasta ocho años de inhabilitación.

En su recurso, la querella argumenta que la decisión de la Cámara de Casación es arbitraria y vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad ante la ley. Enfatizan que el tribunal de Casación sustituyó injustificadamente la valoración hecha por el tribunal de juicio de General Roca, que había explicado minuciosamente sus razones para mantener las penas iniciales, considerando la gravedad del hecho y la participación de múltiples agentes en un contexto de uso de armas de alto calibre.

Además, el recurso señala una falta de equidad en el análisis del fallo de Casación. Esta sala se centró más en las condiciones personales de los condenados, como su falta de antecedentes, pero minimizó el impacto y lecciones del resultado fatal que provocaron. Esto deja entrever una desproporción en la valoración de las circunstancias que rodearon el hecho, un aspecto fundamental en el ámbito judicial.

Por otro lado, la querella critica la eliminación de las inhabilitaciones especiales, considerando que, tratándose de un caso vinculado a la violencia institucional ejercida por fuerzas de seguridad, es irrazonable que se prescinda de esta sanción. La querella argumenta que un asesinato perpetrado por integrantes de una fuerza especial armada no puede ser tratado con la misma ligereza que otros delitos menores.

A medida que se avanza en los procedimientos legales, la apelación de los padres de Nahuel subraya la importancia de la justicia y el tratamiento equitativo en casos de violencia institucional, lo que refleja una preocupación continua sobre la respuesta del sistema judicial argentino ante estos hechos.