Ravier no aclaró el destino de fondos del impuesto a los combustibles
Durante una conferencia de prensa, el vocero del presidente, Adrián Ravier, evitó detallar el destino de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. A pesar de las expectativas, Ravier se centró en la nueva política vial que promueve el gobierno.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó una conferencia de prensa en la que no ofreció detalles sobre el paradero de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Las preguntas se centraban en la ubicación actual de esos recursos, su plazo de inversión y su destino para el financiamiento de obras viales, pero Ravier se limitó a mencionar que lo crucial es el cambio de paradigma que su administración busca implementar.
Se estima que la recaudación acumulada por el ICL se sitúa entre $1,4 y $1,5 billones. Sin embargo, Ravier no aclaró si una parte de estos fondos está invertida en instrumentos financieros. Su respuesta fue más genérica y se enfocó en la insatisfacción con el antiguo mecanismo de asignación de recursos para el mantenimiento de las rutas, el cual, según él, no había generado los resultados esperados.
El vocero también criticó el estado de las rutas nacionales que recibió el actual gobierno y sugirió que hay investigaciones judiciales activas para esclarecer cómo se utilizaron los fondos en administraciones anteriores. Resaltó que se están buscando modelos exitosos de otros países, en los que la inversión privada ha jugado un papel crucial en la infraestructura vial.
En este sentido, Ravier compartió que alrededor de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas ya han sido licitados y el gobierno anticipa que para octubre el 100% de esas obras estará en ejecución. También habló de otros 6.000 kilómetros que aún están en proceso de licitación. Además, se contempla un acuerdo con las provincias para que asuman la administración de ciertos tramos de camino nacional, con el apoyo de materiales de bacheo financiados por el Tesoro.
La implementación de estas estrategias se enmarca en un contexto fiscal complicado, según Ravier. El déficit fiscal heredado de la administración previa es estimado entre cinco y seis puntos del PIB, lo que dificulta la asignación de recursos para infraestructura vial. Esto resalta la complejidad del desafío que enfrenta el gobierno en la ejecución de obras públicas en un contexto de recursos restringidos.
En conclusión, aunque la falta de claridad sobre los fondos del ICL genera inquietudes, el gobierno está empeñado en transformar la gestión de las rutas mediante una mayor participación del sector privado y la colaboración con las provincias.