Reanudación del juicio por el programa de viviendas Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal 5 ha anunciado la reanudación del juicio por el programa de viviendas sociales denominado Sueños Compartidos, que se encontraba suspendido durante la feria judicial. Este proceso tiene como objetivo completar la fase de alegatos de la acusación, que será intervenida por la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por la abogada Marianela Teich. Durante la última sesión del juicio, llevada a cabo el 8 de julio, el fiscal Diego Velasco expuso su requerimiento de penas de prisión para varios imputados, quienes son acusados de haber participado en una administración fraudulenta que dañó gravemente a la administración pública.

Entre los imputados se encuentran figuras prominentes como Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quienes podrían enfrentar una pena de seis años de cárcel, así como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y exfuncionarios de Obras Públicas, entre otros. Por su parte, los responsables de la ejecución del programa en Santiago del Estero, como Daniel y Karina Nasif, también están en el banquillo y podrían recibir penas menores, pues el fiscal solicitó cuatro años para ellos.

Las acusaciones giran en torno a un prohibido desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre los años 2005 y 2011. Estas irregularidades habrían surgido a partir de adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, las cuales se habrían realizado bajo condiciones de exclusividad, favoreciendo a la organización sin un debido control por parte del Estado.

El fiscal Velasco describió un esquema delictivo que involucraba a actores estatales y a los responsables del proyecto. En su intervención, detalló cómo los Schoklender y otros funcionarios estatales fueron capaces de acceder a obras y contratos a través de procedimientos irregulares, generando una red de corrupción que involucraba la manipulación de licitaciones y la entrega de fondos sin la debida verificación.

En este contexto, se recordó que el impacto de este caso no solo afecta la percepción pública de las instituciones, sino que también tiene consecuencia en el ámbito de la vivienda social en Argentina. Muchas obras quedaron inconclusas o fueron abandonadas, volviendo a ser ejecutadas por el mismo Estado tras los escándalos mediáticos.

Las sesiones del juicio continuarán en los próximos meses, con la posibilidad de que el veredicto final se conozca entre septiembre y octubre de este año. Las expectativas están puestas en cómo se desarrollarán los alegatos de la defensa y las pruebas que se presenten, ya que este caso es uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción en el país, especialmente en un contexto donde la vivienda social sigue siendo una problemática crítica.