Rechazan recursos de exintendentes de Cipolletti ante la Corte Suprema

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro informó que rechazó unánimemente los recursos extraordinarios impuestos por las defensas de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, exintendentes de Cipolletti, quienes enfrentan acusaciones por administración fraudulenta y peculado en relación al proyecto habitacional Techo Digno. Este fallo, dictado el 26 de agosto de 2026, impide que la causa sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ambos exfuncionarios habían planteado su intención de recurrir al máximo tribunal nacional tras dos decisiones polémicas del Tribunal de Impugnación, que fueron objeto de impugnación ante el STJ. Sin embargo, el tribunal provincial argumentó que las resoluciones impugnadas no constituyen sentencias definitivas, lo cual es un requisito fundamental para acceder a la Corte Suprema.

La causa se centra en supuestas irregularidades en la gestión pública vinculadas al programa Techo Digno, en la que Baratti y Tortoriello fueron jefes comunales. A pesar de sus intentos de cerrar el caso por prescripción o nulidad, el STJ enfatizó que las acusaciones y el proceso penal continúan activos, permitiendo que la investigación siga su curso ordinario.

Los jueces del STJ, incluidos María Cecilia Criado y Liliana Piccinini, señalaron que las estrategias defensivas basadas en incidentes de nulidad resultaron improcedentes y no interrumpen los plazos legales establecidos para la causa. Asimismo, se destacó que el ejercicio de simultáneas recusaciones contra jueces también se llevó a cabo sin éxito en el marco de este procedimiento.

Vale recordar que el caso no solo afecta a Baratti y Tortoriello, sino que pone de manifiesto un contexto más amplio de control de la administración pública en Río Negro. Este tipo de situaciones ha ganado relevancia en los últimos años, donde las irregularidades en contratos de obras públicas y programas sociales se han convertido en un tema sensible dentro del ámbito judicial y social, evidenciando la importancia del seguimiento de procesos legales por parte del sistema judicial.

Con este fallo, los exintendentes deben continuar su defensa en el ámbito provincial, ya que la posibilidad de un recurso a la Corte Suprema queda cerrada por el momento. La decisión refuerza la estructura legal que busca asegurar el desarrollo de los procesos judiciales en los plazos y formas establecidas sin interferencias externas.

La continuación del proceso en la instancia provincial podría derivar en un impacto significativo en la vida política de Cipolletti y en la percepción pública de la gestión de sus líderes.