Rechazo a pedidos de Kirchner para frenar decomiso de bienes en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal decidió no hacer lugar al pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el proceso de decomiso de sus bienes en el contexto de la causa Vialidad. Esta resolución se basa en la falta de condiciones necesarias para interrumpir las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2.

El requerimiento de los Kirchner fue presentado a través de su abogado, Luis Joel Goldin, quien cuestionó una resolución del mencionado tribunal que había rechazado otros pedidos de suspensión. La defensa argumentó que avanzar en el proceso de decomiso podría perjudicar una posible resolución favorable en un recurso de queja que se encuentra pendiente ante la Corte Suprema de Justicia.

Los argumentos esgrimidos por la defensa señalaban que el decomiso de bienes afectaría derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. Además, adujeron que esta medida podría tener consecuencias sobre personas no condenadas en el proceso relacionado con la causa Vialidad.

Sin embargo, los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimaron estos planteos. La Cámara sostuvo que la decisión del Tribunal Oral no representa una sentencia definitiva, sino una postergación en el tratamiento de solicitudes por parte de los Kirchner.

En paralelo, las empresas Hotesur y Los Sauces, de las cuales los Kirchner son accionistas mayoritarios, presentaron un recurso cuestionando los embargos que pesan sobre 13 propiedades vinculadas a estas sociedades. Argumentaron que estas medidas preventivas impactan su funcionamiento comercial y reclaman su derecho de defensa antes de que se defina el manejo de sus bienes.

La Cámara de Casación aclaró que los embargos son de carácter preventivo y no alteran la titularidad registral, y también consideró que la existencia de un recurso pendiente no impide que se continúen con las medidas cautelares. Esto implica que el Tribunal Oral tiene la facultad de proseguir con actos tendientes a garantizar la futura ejecución de la resolución que emita el tribunal respecto al destino de los bienes afectados.

El desarrollo de este caso es un reflejo de las tensiones legales en torno a la causa Vialidad, que involucra a figuras prominentes del peronismo y plantea interrogantes sobre el manejo de los bienes en procesos judiciales de esta naturaleza.