Rechazo de la Justicia a incluir al Estado en el caso contra petroleras en Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande decidió no incluir al Estado Nacional como parte en la causa que involucra a las empresas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, acusadas de avanzar en la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin la debida autorización de Argentina. La jueza Mariel Borutto afirmó que no se justificó la necesidad de sumar al Gobierno nacional a este litigio, manteniendo así la cautelar dictada previamente el 16 de septiembre de 2026.

El tribunal admitió, no obstante, la intervención de la Provincia de Tierra del Fuego, que había solicitado ser parte a través de su Fiscalía de Estado. Esta participación se enmarca en un rol de tercero coadyuvante, lo que le permite respaldar la acción ambiental colectiva promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA). Sin embargo, su carácter no será el de un litigante autónomo.

La jueza Borutto fundamentó su decisión en que la sola existencia de competencias nacionales respecto de los recursos naturales no necesariamente implica que el Estado deba ser parte activa de todos los procesos relacionados con la protección ambiental. En este sentido, resaltó que ya se habían requerido informes de relevante organismos del Estado, como la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

Uno de los puntos significativos del fallo radica en la negativa a convocar formalmente al Gobierno nacional, en tanto las asociaciones demandantes no se mostraron favorables a tal inclusión. Borutto aclaró que contar con la posibilidad de que organismos nacionales aporten información no es sinónimo de obligar al Estado a actuar en el litigio, lo cual podría complicar la dinámica del mismo.

La decisión también contempló que si en el futuro se presentaran nuevos elementos, esta cuestión podría ser revisada. Es decir, la magistrada dejó abierta la puerta para que se reevalué la participación del Estado Nacional si surgieran circunstancias que así lo demanden.

Desde el ámbito regional, la intervención de Tierra del Fuego se basa en sus competencias constitucionales relacionadas con recursos naturales y su legitimidad para actuar en defensa de intereses ambientales. Este contexto es relevante dado que las acciones en torno a las Malvinas están íntimamente ligadas a la identidad y los reclamos de soberanía de la provincia, lo que añade una dimensión política y social al litigio.

Con este fallo, se asegura la continuidad del proceso judicial, a la vez que se reafirma la importancia de la participación de las provincias en la defensa de sus recursos naturales y el medio ambiente, especialmente en un tema tan delicado como la explotación de hidrocarburos en un área en disputa.