Rechazo del PRI a nueva regulación de telecomunicaciones por intervención estatal

La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, ha manifestado su firme oposición a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en debate durante la consulta pública promovida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual se extenderá hasta el 21 de agosto. El gobierno federal sostiene que esta regulación busca proteger a las audiencias, pero tanto la oposición como diversos sectores del medio critican su potencial para abrir paso a la intervención estatal en los contenidos de radio y televisión.

Durante una sesión en la Comisión Permanente del Congreso, Viggiano argumentó que no existe demanda social para que el gobierno vigile los noticieros, enfatizando la falta de casos documentados que respalden esta necesidad. La senadora cuestionó las bases de la propuesta, señalando que se presenta como una deuda de 12 años, pero sin fundamentos claros que justifiquen la creación de un sistema de supervisión sobre los contenidos realizados por los medios de comunicación.

El anteproyecto contempla la implementación de códigos de ética obligatorios, la figura de un defensor de las audiencias en cada medio y procedimientos claros para la atención de quejas. Estas medidas, junto con la obligación de diferenciar entre noticias, opiniones y publicidad, están en el centro del debate, generando inquietud sobre la posibilidad de que el nuevo marco normativo facilite la censura.

En sus declaraciones, Viggiano sostuvo que el problema no radica en los medios que dependen de su audiencia, sino en aquellos que reciben apoyo gubernamental. Sostuvo que el Ejecutivo no debe actuar como árbitro en la conversación pública, ya que la función de la prensa es precisamente proporcionar un contrapeso al poder establecido. Esta postura se alinea con los temores de una creciente intervención del Estado en cuestiones que atañen a la libertad de prensa.

La reestructuración de la CRT, que reemplazó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implicaría que la regulación quede bajo la órbita del gobierno, lo que amplifica las preocupaciones sobre la capacidad del Estado para decidir qué información es verdadera o falsa. Viggiano destacó el riesgo de que el gobierno imponga su propia narrativa y censure información en función de intereses políticos.

Los próximos pasos en este proceso serán cruciales, ya que la consulta pública permitirá a diferentes actores, incluidos concesionarios, académicos y organizaciones civiles, presentar sus observaciones sobre el anteproyecto. De esta manera, se abrirá un espacio de discusión que podría influir en la forma final de esta ley, en un contexto donde la libertad de expresión y la independencia de los medios están bajo la lupa.