Rechazo en la oposición tras fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

La reciente decisión de la Corte Suprema de anular el fallo que consideraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales ha generado una ola de críticas en el ámbito político nacional. Esta resolución, que se fundamenta en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) para presentar su demanda, ha sido interpretada por varios líderes opositores como un golpe a la soberanía y a las decisiones populares.

Dirigentes de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda han expresado su descontento, reclamando al Congreso una respuesta inmediata al DNU 70/2023, que permite a extranjeros adquirir tierras rurales en Argentina. Entre los que se manifestaron, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el fallo como "el fallo de la infamia" y advirtió sobre los riesgos que esto representa para la soberanía nacional.

Asimismo, la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda ha urgido a sus colegas para que se convoque una sesión especial en Diputados donde se discuta la validez de este decreto. Bregman enfatizó la posibilidad de que, si bien se requieren 10 firmas para la convocatoria, la falta de acción por parte de otros legisladores es sorprendente y ha incentivado su insistencia en la unidad de los bloques opositores.

Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, también cuestionó la legitimidad del fallo de la Corte, resaltando que son los legisladores quienes tienen el mandato del electorado para tomar decisiones en asuntos tan importantes. Hizo hincapié en que no puede ser que un número reducido de jueces dicte el rumbo de un país en base a cuestiones que han generado múltiples movilizaciones y debates públicos.

El senador Mariano Recalde, también de Unión por la Patria, apuntó que este fallo contradice la voluntad expresada por el pueblo en numerosas movilizaciones en defensa de la Ley de Tierras. Al respecto, expresó la necesidad de planear nuevas acciones de protestas si las decisiones legislativas no tienen eco en la protección de la soberanía territorial.

Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, acentuó la preocupación de que, con este nuevo marco legal, las tierras de los argentinos puedan ser vendidas sin restricciones a inversores extranjeros. El clima de incertidumbre y descontento se palpita en el Congreso y en las calles, donde la ciudadanía sigue atenta a los próximos pasos legislativos y judiciales.

En resumen, la polémica en torno a la Ley de Tierras Rurales sigue generando tensiones en el ámbito político, donde la oposición busca reevaluar las medidas del gobierno actual y restablecer controles sobre la propiedad rural en el país.