Recorte presupuestario en Costa Rica impactará nuevamente el Poder Judicial

El Poder Judicial de Costa Rica ha manifestado su preocupación ante un inminente recorte presupuestario que se traducirá en la reducción de USD 6.73 millones, lo que representa una amenaza significativa para la efectividad en la lucha contra la criminalidad y la atención de víctimas. Este ajuste se suma a un recorte previo de USD 29.12 millones que se había acordado aportar recientemente, llevando la disminución total del presupuesto judicial a USD 35.84 millones, en un contexto de austeridad fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda.

Este nuevo recorte, informado oficialmente el 13 de julio, obligará a la institución a congelar recursos que ya estaban comprometidos, dificultando la realización de investigaciones criminales, el funcionamiento de juicios y la atención de ciudadanos vulnerables. La presidenta del Poder Judicial, Laura Fernández, ha señalado que todos los organismos del Estado deben ajustarse a esta nueva política de austeridad, incluyendo el Poder Judicial, lo que exacerba la situación de recursos limitados en el sector.

Las consecuencias del recorte son amplias y profundas. De acuerdo con los dirigentes del área judicial, la disminución de fondos afectará la capacidad de llevar a cabo procedimientos esenciales como allanamientos, la recolección de pruebas y la ejecución de inspecciones judiciales, lo que podría incrementar los plazos de respuesta. También se verán comprometidos los recursos para viáticos y logística, afectando la capacidad de los equipos de investigación en zonas remotas del país.

Además, el informe del Poder Judicial advierte que la falta de financiamiento impactará en la infraestructura operativa del sistema judicial, arriesgando la programación de juicios y la calidad del mantenimiento de salas de audiencia y equipos audiovisuales. Limitaciones en la posibilidad de realizar peritajes y traducciones son también consecuencia de esta crisis de recursos, lo que incrementa la dificultad para manejar casos complejos.

Otro aspecto crítico mencionado es el impacto en la atención a víctimas y testigos. Se prevé una reducción en los fondos destinados a medidas de protección necesarias, como transporte seguro y asistencia de emergencia, lo que particularmente afectará a comunidades vulnerables en regiones alejadas. Esta situación plantea un riesgo adicional para el acceso a la justicia, especialmente para poblaciones indígenas y minoritarias.

Diante de esta adversidad, la Corte Plena ha decidido llevar el asunto a la atención de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, buscando soluciones y coordinar respuestas adecuadas ante este nuevo panorama presupuestario que limita seriamente las capacidades operativas de la justicia en Costa Rica. La incertidumbre sobre el futuro operativo del Poder Judicial resuena en un contexto fiscal cada vez más precario.