Recortes en el Presupuesto 2027 afectan políticas contra la violencia de género

En una reciente reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad, se mostró la preocupación por los recortes en el Presupuesto 2027 que afectan a las políticas contra la violencia de género. El principal punto abordado fue la reducción de fondos para la Secretaría de Género y Diversidad, lo que genera alarma ante el contexto actual de creciente violencia hacia las mujeres y grupos vulnerables.

Esteban Paulón, legislador de Provincias Unidas, expresó su rechazo ante un ataque reciente a mujeres trans en Buenos Aires, un hecho que llegó a redes sociales y provocó una fuerte indignación pública. Este tipo de episodios pone de relieve la necesidad urgente de políticas efectivas en materia de seguridad y asistencia para las víctimas, una situación que se ve amenazada por los recortes en presupuesto.

Agustina Rossi, del Equipo de Latinoamérica de Justicia y Género, expuso que entre 2023 y 2027, el presupuesto para las políticas de prevención y asistencia ha experimentado una baja del 89%. Rossi enfatizó que no solo se desatienden las necesidades de asistencia y prevención, sino que también se están subestimando los costos futuros que la falta de estas políticas generará al Estado, en salud, justicia y bienestar social.

Se mencionaron además cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, haciendo especial énfasis en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que, sorprendentemente, presenta un índice de ejecución del 0% en el presente año. Este estancamiento en políticas vitales para la población juvenil refuerza la crítica hacia un presupuesto que parece no priorizar la situación de género y diversidad.

La reunión, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, también contó con la participación de otras figuras destacadas en el ámbito de derechos humanos y políticas de género, quienes coincidieron sobre la urgencia de replantear las asignaciones presupuestarias. Los reproches apuntan a que el presupuesto actual está carente de una perspectiva de género adecuada, lo que podría tener efectos devastadores en la vida de las mujeres y comunidades históricamente marginadas.

Este escenario indica que las luchas por los derechos de género no solo enfrentan la resistencia social sino también la desidia institucional. Las acciones futuras dependerán de la movilización social para rescatar las asignaciones necesarias para garantizar una verdadera equidad de género y la protección de las personas más vulnerables ante la violencia.