Rentas de Chubut dio de baja a más de 500 contribuyentes inactivos

La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut llevó a cabo una depuración de su base de datos y, a través de la resolución 963, decidió dar de baja a 541 contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta acción es considerada como un intento de blanquear la situación económica de la provincia, evidenciando la desaparición de numerosas pequeñas empresas y firmas significativas del circuito comercial en los últimos años, muchas de las cuales cesaron sus actividades a causa de la crisis sin realizar el trámite formal de cierre.

La falta de regularización de estos contribuyentes representaba un inconveniente contable importante para la administración provincial, ya que su inclusión en el registro generaba automáticamente multas y deudas que nunca se materializarían. Con la nueva resolución, se busca sincerar el padrón definitivo y trabajar con números más realistas, desinflando las expectativas de recaudación que estaban basadas en montos que no se iban a poder cobrar debido a la liquidación de estos negocios.

La depuración opera retroactivamente desde el 31 de diciembre de 2019 y se basa en cuatro controles técnicos realizados por la agencia. Estos análisis confirmaron que los contribuyentes eliminados no tenían actividad económica desde antes de la pandemia, carecían de declaraciones juradas y tampoco efectuaron retenciones bancarias o percepciones impositivas relacionadas con compras.

En el listado publicado se incluyen tanto personas particulares como grandes empresas, destacándose varias vinculadas a la obra pública y al sector portuario en la región sur. Entre los casos más significativos, figura la baja de la matrícula de la Cooperativa de Provisión de Servicios Estibajes Portuarios de Comodoro Limitada, además de varias uniones transitorias de empresa que operaban en la ciudad.

La resolución también incluye una aclaración importante: esta baja de oficio no limita las potestades de la Agencia de Recaudación de investigar o fiscalizar posibles evasiones anteriores al cierre. Asimismo, los contribuyentes afectados tienen el derecho a apelar la decisión si logran justificar su inactividad, un detalle que busca equilibrar la toma de decisiones con el derecho de defensa de los contribuyentes.

Esta medida tiene implicancias económicas relevantes para la provincia, ya que podría generar una reconfiguración en el ámbito comercial y la administración tributaria, aportando a una recaudación más coherente con la actividad económica real.