Renuncia de funcionaria judicial en medio de la denuncia a la fiscal Cendón

Mónica Goye, quien se desempeñaba como defensora adjunta penal, presentó su renuncia indeclinable después de casi dos décadas en el Poder Judicial de Río Negro. Esta decisión coincide con el vencimiento del plazo para la instrucción del sumario abierto por el Consejo de la Magistratura en respuesta a denuncias colectivas de maltrato laboral contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón.

La denuncia original fue presentada por un grupo de funcionarios judiciales que expresaron preocupaciones sobre presuntos abusos de poder, violencia laboral e irregularidades en el funcionamiento de la justicia local. Goye, como parte de este grupo, compartió su malestar respecto a las conductas de Cendón y, en su carta de renuncia, cuestionó la legitimidad del sistema judicial, argumentando que su estructura institucional legitima la violencia laboral interna.

En su misiva, Goye señala que los problemas observados dentro del sistema de justicia la llevaron a tomar la difícil decisión de apartarse, argumentando que resulta incoherente para ella continuar en un contexto que impone tolerancia hacia conductas que deberían ser inaceptables. La renuncia fue efectiva desde el 21 de septiembre de 2026, aunque la funcionaria se comprometió a facilitar una transición ordenada en su cargo.

Este episodio se produce tras casi un año de espera desde que se formularon las denuncias, y el expediente correspondiente avanza en un momento crítico, donde la salida de una de las denunciantes puede influir en el desarrollo de la causa que involucra a Cendón. La denuncia colectiva y la posterior renuncia de Goye resaltan la compleja dinámica del poder en el ámbito judicial, así como la percepción de inseguridad y la falta de protección para aquellos que se atreven a hablar.

La carta de Goye fue dirigida a diferentes altos funcionarios del Poder Judicial e incluyó agradecimientos a colegas, lo que refleja no solo su legado personal, sino también el desafío colectivo que enfrenta el sistema judicial en la región. Esta situación adquiere una relevancia particular en Bariloche, donde tales conflictos pueden generar repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos.

Lo que sigue en este caso dependerá de la evolución del sumario y cómo el Consejo de la Magistratura responda a las denuncias de maltrato en un contexto donde la institucionalidad y la ética profesional se encuentran bajo cuestionamiento.