Revocan parcialmente condenas a ex juez y ex fiscal por crímenes de lesa humanidad

La Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar parcialmente las condenas impuestas a Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de Neuquén, y a Víctor Marcelo Ortiz, ex fiscal federal, quienes llevaban una pena de 11 años de prisión cada uno por su implicación en secuestros y desapariciones forzadas durante la última dictadura militar en Argentina. Esta decisión, tomada por la Sala IV del tribunal, reconoce que los actos cometidos son crímenes de lesa humanidad, pero revisa la responsabilidad secundaria de ambos en relación a privaciones ilegales de la libertad y omisiones de promover la persecución penal.

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, resolvió que se mantendrá la consideración de las acciones como crímenes de lesa humanidad y que se confirmarán las omisiones funcionales cometidas por Duarte y Ortiz. Sin embargo, habrá una revisión en el número de episodios considerados como omisiones y en los parámetros de su responsabilidad como partícipes secundarios. En específico, se analizará nuevamente la condena por prevaricato que recae sobre Duarte.

Este fallo anterior había sido el resultado de un juicio en el que se examinó la actuación del sistema judicial de Neuquén entre 1976 y 1983, cuando muchos familiares buscaban conocer el paradero de sus seres queridos, detenidos por las fuerzas militares. Duarte fue juez en la provincia desde agosto de 1976 hasta septiembre de 1984, y Ortiz ocupó su cargo desde 1976 hasta 1985.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén había sometido a ambos a condenas en diciembre de 2024, adjudicándoles responsabilidad en múltiples hechos de privación ilegal de la libertad y omisiones de persecución penal. De acuerdo con el tribunal, estos crimes ni tienen prescripción debido a su naturaleza de lesa humanidad, considerando que forman parte del contexto de genocidio.

Las defensas de Duarte y Ortiz, en desacuerdo con el fallo original, apelaron a la Cámara de Casación, que mantenía la calificación de los hechos como de lesa humanidad, pero ahora ha decidido revisar conceptos clave sobre la construcción de la responsabilidad penal de los exfuncionarios. Esta resolución se basa en el principio de que la justicia debe articular responsablemente la participación de quienes ocuparon cargos en el sistema judicial durante una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

A medida que avanza este proceso judicial, se espera que la revisión de las condenas sentará un precedente significativo de cara a futuros casos de crímenes de lesa humanidad en el país, reafirmando el compromiso de la justicia con los derechos humanos y con la memoria histórica de las víctimas de la dictadura.