Río Negro implementa auditorías para agilizar la justicia y uso de inteligencia artificial

El Poder Judicial de Río Negro ha puesto en marcha un plan de auditorías con el objetivo de optimizar la gestión en sus juzgados y reducir los tiempos de respuesta en la tramitación de causas. Esta estrategia es parte de un esfuerzo más amplio que se centra en el monitoreo constante de los juzgados, a fin de detectar demoras y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos judiciales.

Juan Manuel Montoto Guerrero, auditor judicial general, explicó que el seguimiento abarca organismos de las cuatro circunscripciones, incluyendo desde unidades jurisdiccionales hasta cámaras de apelación. Estas auditorías, programadas en un cronograma de trabajo, se enfocan particularmente en aquellos juzgados cuyas métricas de rendimiento indican la necesidad de revisión, además de responder a solicitudes específicas del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

El enfoque de las auditorías no se limita únicamente a los juzgados, sino que también incluye las Oficinas de Tramitación Integral Civil, Comercial y Administrativa (OTICCA) en el fuero civil. Esta inclusión es crucial, ya que el funcionamiento de las OTICCA impacta directamente en la duración de los procesos. El auditor ha subrayado que para evaluar con efectividad cada organismo es necesario tener en cuenta tanto la actividad jurisdiccional como las actividades administrativas que habilitan la tramitación de las causas.

Entre los aspectos analizados por la Auditoría Judicial General se destacan el número de sentencias pendientes, el cumplimiento de los plazos y la duración de los procesos. Asimismo, se toman en cuenta las solicitudes de pronto despacho y los escritos pendientes de resolución, lo que permite identificar con precisión los puntos críticos que retrasan el avance judicial. En situaciones extremas, incluso se contemplan casos de "pérdida de jurisdicción solicitada".

El auditor ha declarado que el propósito final de estas auditorías es contribuir a una prestación más eficiente del servicio de justicia. Para determinar cuándo es necesaria una inspección, se utilizan ciertos parámetros que indican un mal funcionamiento, como la prolongación excesiva de los procesos y la acumulación de escritos que aún no han sido atendidos.

Finalmente, el Poder Judicial está considerando la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos, lo que podría significar un avance tecnológico significativo en la gestión judicial. Este enfoque no solo busca reducir las demoras, sino también mejorar la experiencia general de los ciudadanos que interactúan con el sistema de justicia.