Río Negro implementa reconocimiento facial para trabajadores estatales
Desde septiembre, el sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial se expandirá en la provincia de Río Negro. Aunque el Gobierno responde a inquietudes legislativas, la falta de información sobre costos y la resistencia entre trabajadores marcan la controversia que rodea a la implementación.
El Gobierno de Río Negro iniciará en septiembre la ampliación de su sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial, que ya opera en varios hospitales de la provincia, incluyendo el de San Antonio y el de General Roca. Este programa, que suma, en total, a unos 1.250 trabajadores estatales, ahora incluirá también a la sede ministerial de Viedma, donde se espera controlar la asistencia de aproximadamente 300 agentes.
La implementación del sistema ha despertado una serie de cuestionamientos, sobre todo desde los sindicatos. Varios trabajadores han manifestado su negativa a prestar su imagen para el registro facial. La delegada de UPCN, Noemí Salazar, anunció la posibilidad de presentar un recurso de amparo para frenar la contratación de la empresa Airata, encargada de parte de la implementación tecnológica.
En respuesta a pedidos de informes de legisladores de la oposición, el Gobierno ha emitido explicaciones sobre las medidas de seguridad y protección de datos, sin embargo, quedó en la nebulosa el costo específico del servicio subcontratado a la empresa Airata. La falta de detalles sobre el monto que percibe Airata ha alimentado la desconfianza entre los agentes estatales.
La situación generó un pedido de información legislativa que intenta esclarecer tanto los motivos de la selección de la empresa como el costo del servicio. Altec, la entidad estatal que supervisa el proyecto, ha informado que realizó una investigación de mercado entre seis proveedores y eligió a Airata por su capacidad técnica, rapidez en la implementación y condiciones económicas.
Los cuestionamientos también abarcan el papel de empresas privadas en el manejo de datos de los empleados públicos, algo que preocupa a muchos trabajadores. En este sentido, se ha solicitado mayor transparencia respecto a la contratación y el funcionamiento del sistema.
Este tipo de tecnologías, aunque prometen optimizar procesos administrativos, pueden entrar en conflicto con los derechos de los trabajadores si no se gestionan de manera adecuada. La respuesta del sindicato y el gobierno ante esta resistencia será clave para determinar el futuro de esta implementación en el ámbito estatal rionegrino.