Presentan ley para fomentar la contratación de personas con discapacidad en Río Negro
Un nuevo proyecto de ley en Río Negro busca incentivar a las empresas a contratar personas con discapacidad, ofreciendo créditos fiscales en Ingresos Brutos. Esta medida se plantea en un contexto de desbalance en el mercado laboral local, donde se busca un marco normativo que favorezca esta inclusión.

Un proyecto de ley se presentó ante la Legislatura de Río Negro con el objetivo de incentivar a las empresas a contratar personas con discapacidad, proporcionando beneficios impositivos a quienes lo hagan. La propuesta, impulsada por la legisladora Roberta Scavo, busca establecer créditos fiscales relacionados con el impuesto sobre los Ingresos Brutos, fomentando así la inclusión laboral de este colectivo.
Desde el año 1985, existe un régimen en la provincia que promueve la inclusión de personas con discapacidad, que si bien contemplaba ciertos beneficios fiscales, no contaba con un marco regulatorio claro que detallara las condiciones para su aplicación. La nueva normativa pretende solucionar esta laguna al crear un conjunto de regulaciones que facilite la inserción de estas personas en el mercado laboral formal.
En sus fundamentos, la legisladora Scavo destacó la necesidad de abordar lo que ella describe como una “asimetría estructural” en el sector privado, donde la falta de incentivos claros ha limitado la contratación de personas con discapacidad. El proyecto busca estimular a los empleadores a contratar a individuos que posean el Certificado Único de Discapacidad, garantizando así su derecho al trabajo digno.
La iniciativa establece que el incentivo fiscal consistirá en un crédito equivalente al 50% de las contribuciones patronales que el empleador deba realizar por cada trabajador con discapacidad contratado. Este beneficio puede ser utilizado como un pago a cuenta en la declaración mensual del impuesto a los Ingresos Brutos, lo que significaría un alivio financiero para las empresas que decidan participar en esta inclusión laboral.
En caso de aprobada, la ley beneficiaría no solo a empresas comerciales, sino también a actividades productivas, industriales y agropecuarias, así como a fundaciones y ONG que operen en la provincia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días después de la promulgación para reglamentar las disposiciones operativas de la ley, asegurando su implementación efectiva.
Esta propuesta podría tener un impacto significativo en la vida laboral de muchas personas con discapacidad en Río Negro, fomentando un entorno más inclusivo y equitativo en el mercado laboral. Se espera que, de ser aprobada, esta legislación contribuya a reducir la brecha en el acceso al empleo y promueva una mayor participación de estas personas en el sector privado.