Roberto Baratta, exfuncionario kirchnerista, procesado por enriquecimiento ilícito
Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, fue procesado por enriquecimiento ilícito y enfrenta un embargo de $1.500 millones. La investigación apunta a un desfasaje entre sus ingresos y su patrimonio durante su gestión en el gobierno kirchnerista.

El juez federal Julián Ercolini ha procesado a Roberto Baratta, quien se desempeñó como exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión en el Ministerio de Planificación Federal, por presunto enriquecimiento ilícito. Este procesamiento incluye un embargo de $1.500 millones y se basa en un incremento patrimonial que no se puede justificar con ingresos legítimos. Aunque la resolución no impuso prisión preventiva, sí se mantuvo una inhibición general de sus bienes.
La investigación reveló un notable desfasaje entre los ingresos comprobables de Baratta y sus gastos durante su administración en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Uno de los puntos centrales del caso es la adquisición de una vivienda en el Mapuche Country Club, en Pilar. La propiedad fue comprada en 2012 por USD 70.000, con el lote registrado a nombre de su madre, aunque se ha corroborado que Baratta era quien supervisaba las obras, las cuales costaron cerca de $3,7 millones, pagadas en efectivo.
La falta de coherencia entre los aportes declarados por Baratta y su esposa, que ascienden a $604.546, frente al costo total de la obra, llevó al juez a considerar insuficientes esas explicaciones. A pesar de que la casa estaba a nombre de su madre, el uso residencial y gasto de servicios estaba claramente vinculado a Baratta y su grupo familiar. Incluso pagos como el del cable e internet estaban a nombre de Oscar Centeno, exchofer de Baratta, quien ha sido vinculado a escándalos anteriores relacionados con supuestas coimas en la obra pública.
Este contexto de inmuebles, transferencias de dinero y declaraciones juradas contradictorias ha construido un caso que sugiere prácticas corruptas durante su tiempo en el gobierno. Baratta ha desestimado las acusaciones, cuestionando la veracidad de los testimonios en su contra, pero la continuidad del juicio y el estado del procesamiento marcan un momento crítico en su carrera y reputación.
El procesamiento de Baratta se produce en un clima de mayor escrutinio a las prácticas de corrupción asociadas con los gobiernos de la era kirchnerista. Este caso, en particular, refleja un patrón de investigaciones que siguen surgiendo a medida que el sistema judicial se enfoca en esclarecer el uso ilícito de los fondos públicos en Argentina. Con la causa aún abierta, la atención se centra en cómo se desarrollará este proceso judicial y qué consecuencias tendrá para el exfuncionario y su red de conexiones en el ámbito político y empresarial.