Rospigliosi promulga ley que blinda a policías y militares en Perú

El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, ha promulgado una nueva ley que establece que los efectivos policiales y militares solo podrán ser procesados por el fuero militar-castrense en caso de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. Esta medida se aprobó sin que el mandatario interino, José Balcázar, presentara observaciones, lo que permitió su implementación inmediata. La decisión ha generado una amplia discusión en el ámbito nacional, sobre todo por las recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien había instado a la no aprobación de la ley bajo el argumento de que podría favorecer la impunidad.

El proyecto, que recibió respaldo en el Parlamento, modifica tanto el Código Penal Militar Policial como el Nuevo Código Procesal Penal. Con esta promulgación, se busca evitar que un miembro de las fuerzas armadas enfrente simultáneamente procesos legales en ambos fueros por los mismos actos. De esta manera, la ley obliga a los jueces de la jurisdicción ordinaria a archivar investigaciones si se determina que los hechos en cuestión ya están siendo tratados por la justicia militar.

La promulgación de esta ley ha sido particularmente promovida por la bancada fujimorista, la cual argumenta que su objetivo es proteger a los policías y militares que se encuentran actualmente bajo investigación por posibles violaciones a derechos humanos. Este contexto incluye eventos ocurridos durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, así como situaciones de violencia y conflictos en los años recientes, particularmente durante las protestas de 2022 y 2023.

Sin embargo, esta acción también ha sido criticada por sectores de la oposición y expertos en derechos humanos, que sostienen que esta ley abre la puerta a un retroceso en los derechos y garantías judiciales en Perú. La congresista Ruth Luque manifestó su preocupación ante la falta de una reacción contundente por parte del presidente Balcázar, sugiriendo que se mostró sumiso a la bancada fujimorista al no solicitar la revisión de la autógrafa.

El impacto de esta legislación podría ser significativo en el manejo de casos de violaciones a derechos humanos en Perú, un tema de larga data que ha afectado la percepción nacional e internacional sobre el estado de derecho en el país. Asimismo, la decisión de Rospigliosi marca un hito en la política jurídica de Perú, con implicaciones que tendrán que ser monitoreadas a medida que se avance en su implementación. Es probable que este asunto continúe generando debate político y social, tanto en el Congreso como en la población en general, que busca respuestas sobre la justicia y la reparación ante abusos del pasado.