Se aprobó media sanción para desalojo exprés de inquilinos morosos
La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto que busca agilizar los desalojos por morosidad en los alquileres. La medida generó fuertes críticas por parte de organizaciones de inquilinos que advierten sobre su impacto en un contexto económico complejo.
El Senado argentino aprobó recientemente una media sanción a un proyecto de ley que implementa un sistema de desalojo exprés para inquilinos en mora. Esta iniciativa busca acortar los tiempos judiciales relacionados con los desalojos por falta de pago, estableciendo un proceso sumarísimo, que es el más rápido que contempla la justicia del país. Las organizaciones de inquilinos ya han manifestado su preocupación debido a las posibles repercusiones de esta medida, especialmente en medio de la crisis económica y la creciente dificultad de muchas familias para afrontar el costo de la vivienda.
El nuevo sistema dispondrá que en casos de alquiler donde el inquilino acumule dos meses de deuda, el propietario deberá enviar una intimación formal con un plazo mínimo de diez días para que el inquilino regularice su situación. Si no se salda la deuda en ese lapso, el propietario podrá iniciar un procedimiento de desalojo. Es importante destacar que una vez que se inicia este proceso, realizar un pago no detendrá la acción judicial.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la posibilidad de que un juez ordene la entrega anticipada del inmueble, incluso antes de que se haya dictado una sentencia definitiva. Para proceder, el propietario deberá presentar una caución juratoria que lo responsabilice por eventuales daños. Este trámite deberá resolverse en un plazo de cinco días, mientras que la causa judicial seguirá su curso normal.
El contenido de esta legislación también modifica las normas de prueba en juicios de falta de pago, limitando los mecanismos a pruebas documentales y periciales. Esto excluye la declaración de testigos como medio de prueba, lo que podría afectar la posibilidad de defensa de los inquilinos. Además, se introduce el uso del domicilio electrónico para las notificaciones, facilitando la comunicación entre las partes involucradas.
En cuanto a la ejecución de desalojos, el proyecto otorga al juez la facultad de autorizar inspecciones dentro de las 72 horas ante denuncias de ocupación ilegítima o deterioro del inmueble. Esto incluye la posibilidad de utilizar la fuerza pública para llevar a cabo el desalojo, lo que ha suscitado críticas adicionales entre organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos.
SePrevén excepciones en casos donde ocupen la vivienda personas vulnerables, como menores, personas con discapacidad o adultos mayores. En tales situaciones, el juez deberá intervenir organismos de protección para gestionar un posible alojamiento temporal, otorgando un plazo de hasta diez días para buscar una solución alternativa.
Las críticas por parte de las organizaciones de inquilinos enfatizan que esta legislación podría poner en riesgo la estabilidad habitacional de millones de argentinos, en un momento en que la situación económica ya es precaria para muchas familias.